Ante las consecuencias que está produciendo en nuestro país la sequía que aqueja a distintas provincias, el diputado nacional Jorge Mario Alvarez (UCR-Santa Fe) propuso “modificar la ley de emergencia y desastre agropecuario, para atenuar sus efectos”.
Luego de mantener reuniones con productores agropecuarios y con intendentes y presidentes comunales de su provincia, y con el propio conocimiento de la realidad, Álvarez planteó que “es imprescindible que se extremen las normas para atenuar, por lo menos parcialmente, las consecuencias socioeconómicas que ello implica, así es que del análisis de la normativa vigente, considera oportuno proponer modificaciones a la Ley N° 26.509, de Emergencia y desastre agropecuario”.

El legislador santafesino señaló que “es justo reconocer que existe inflación en nuestro país y que los montos establecidos en pesos, sufren la desvalorización de la propia moneda, así es que se propone la actualización del monto mínimo de 500 millones de pesos anuales destinado al Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), según los incrementos en la recaudación del IVA neto de reembolsos, tomando como base el año 2009, de sanción de la norma”.

Remarcó, además, que “la totalidad de los productores agropecuarios que desarrollan su actividad como persona física o bajo la figura de Sociedad de Hecho, y gran parte de los que funcionan bajo otra figura jurídica, su período económico coincide con el año calendario, razón por la que las retenciones del impuesto a las ganancias que se practican desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, se toman como pago a cuenta de la declaración jurada del impuesto que se presenta y paga el año siguiente”.

“De lo expuesto se deduce que aquellos productores agropecuarios, especialmente los pequeños y medianos, que en los casos que su situación económica financiera se lo permite, hacen reserva de una cantidad de su producción para comercializar mensualmente, tienen como consecuencia que por las existencias que mantienen al inicio de un año en el que se lo declara en emergencia o desastre, sufre retenciones de ganancias que, seguramente, generarán un saldo a favor del contribuyente en el próximo año”.

Por ello propone que “se suspenda la aplicación de las retenciones del impuesto a las ganancias, permitiéndole al productor contar con mayores recursos propios”.

Álvarez, que integra la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, resaltó que “paralelamente, en nuestro país no existe el incentivo que los bienes de uso sean amortizados en el ejercicio de su compra, por tal motivo no obstante considerar que debe modificarse tal norma, se propone que, al menos excepcionalmente, para los casos de contribuyentes en situación de emergencia y/o desastre agropecuario, se permita la deducción del saldo total acumulado”.

“Así, el productor podrá disminuir el impuesto a pagar por el año anterior a encontrarse en emergencia o desastre, siempre que al momento de su declaración no se hubiere producido el vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. En dicho caso los contribuyentes podrán deducir la totalidad de las amortizaciones pendientes de deducción, correspondientes a bienes de uso, incentivando en parte a productores que destinan sus recursos para realizar mayores inversiones, provocando además la motorización de la economía”, explicó.

Para Álvarez, “las medidas planteadas tanto de suspensión del impuesto a las ganancias, como las de la comunmente denominada amortización acelerada de bienes uso, constituyen un alivio financiero considerable para el productor y no tiene costo económico en el mediano plazo para el Estado”. La actualización del monto del Fondo no tiene otro objetivo que mantener vigente un valor que tenga relación con la realidad económica argentina. Basta para fundamentar tal decisión que la recaudación de IVA neto de reembolsos del año 2009 fue de $ 84.934,7 millones y la estimada por el Presupuesto Nacional 2012 es de 185.109 millones, o sea 2,18 veces la del año que se sancionó la norma, no siendo lo mismo un Fondo de $500 millones que de $1.090 millones.

Subraya que, “los argentinos sufrimos hoy el mayor nivel de presión impositiva, pasando de 17,5% en 2001 al 32,05% en 2012, o sea un 83% superior. Además, no es progresiva sino que es cada vez más lineal por no ajustar escalas y valores por la inflación, siendo los productores principales perjudicados de tal situación.

“Un párrafo aparte merecen las retenciones agropecuarias sobre las que ha presentado un proyecto en el año 2010, estando pendiente su tratamiento por la posición inflexible del oficialismo”, remarcó.

“Sin dudas, con la aprobación del proyecto se contribuye a disminuir los efectos negativos de factores climáticos que provocan para los productores, especialmente para los pequeños y medianos, incluidos en situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario, graves perjuicios económicos”, concluyó Álvarez.