“Es un retroceso tremendo para la democracia que los dueños de la violencia nos vengan a decir a nosotros que estamos todos sospechados de terroristas”, aseveró el secretario general de la CTA, Pablo Micheli.

Añadió que “lo peor de todo es que diputados y senadores que en algún tiempo marchaban junto a nosotros en la calle levantaron la mano para votarla”.

Los referentes de la fracción de la CTA disidente y otras organizaciones sociales, que realizaron una movilización el 29 de diciembre pasado a Plaza de Mayo, se reunieron esta tarde en la sede de Lima al 600, de esta ciudad, y resolvieron continuar con las acciones para que “el Gobierno y el Congreso den marcha atrás con la implementación de esta ley”.

Durante el encuentro además acordaron realizar una movilización al Congreso para “mediados de febrero” y efectuar un pedido de audiencia a la Corte Suprema de la Nación y a la Cámara de Diputados y Senadores.

“Para aplicar un ajuste de esta naturaleza el Gobierno necesita tener legalizada la represión. Que los sindicatos se callen la boca y que aquellos que quieren salir a pelear sepan que si lo hacen, los meten presos. Esta es la intención de la ley”, señaló Micheli.

La ley antiterrorista fue convertida en ley por el Senado el 22 de diciembre pasado con el voto de los senadores del Frente para la Victoria y de bancadas aliadas.