Lo hizo a través de un documento en el que lo acusa de intensificar “su estrategia política dirigida a ahogar o presionar a aquella prensa crítica a las políticas estatales”.
La cúpula directiva de la UCR –Mario Barletta, Ricardo Gil Lavedra y Luis Naidenoff- presentaron un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando una serie de sucesos acontecidos durante 2011 que “afectan la deliberación plural de los asuntos públicos y amenazan de manera preocupante el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
El documento fue remitido a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero Marino. En el mismo se deja asentado la “intensificación” de las estratégicas políticas encaradas por el Gobierno Nacional “para presionar a los medios críticos y, a su vez, el incremento de medios afines”.
Dentro de las situaciones denunciadas se destacan “la acción directa a través de grupos cercanos al oficialismo o bien la inacción de agentes estatales; los mecanismos de censura indirecta con amenazas de sanciones administrativas o penales; una utilización discrecional y abusiva de la pauta publicitaria estatal castigando severamente a los medios críticos y premiando desembozadamente a los adictos; y el uso de todos los medios de difusión estatales como propaladores de propaganda del Gobierno”.
Por otra parte, los legisladores aseguran que el ciclo Fútbol para Todos fue utilizado “exclusivamente” para difundir propaganda oficial. Además señalan al kirchnerismo como responsable de la “creación y manejo arbitrario de señales digitales que se destinan a personas de derecho público no estatal y a empresas privadas absolutamente afines con el oficialismo, aún antes de que se convoque a licitación o concurso alguno”.
Con respecto a la sanción de la ley que regula la fabricación del papel de diarios, el escrito advierte sobre “la peligrosa intervención del Gobierno en el mercado del papel por medio de la ley que declara su fabricación y distribución de interés público”.
Por último, referido al actual conflicto entre el Estado y los monopolios mediáticos, declara “anómalas y harto sospechosas decisiones judiciales que, so pretexto de una medida cautelar, dividen e intervienen Cablevisión del Grupo Clarín, impidiéndole a la vez la pronta revisión por un tribunal superior, y una inhibición general al diario La Nación por una supuesta deuda fiscal, desconociendo una medida cautelar expresa de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
