Cerca de los tres días de debate. Así se podría resumir la cantidad de tiempo que estuvieron los senadores discutiendo los temas en el recinto, ya que el pleno de la Cámara sesionó durante 2011 un total de 64 horas y nueve minutos, según el relevamiento que realizó Parlamentario para su Indice de Calidad Legislativa.

Durante el primer semestre, los legisladores se reunieron 31 horas y cuatro minutos; mientras que en el segundo se juntaron 33 horas y cinco minutos. Claro está que las sesiones extraordinarias permitieron inflar este último número.

Proyectos destacados

Sumas no remunerativas. La iniciativa impulsada por el radical Eugenio “Nito” Artaza propone, en su primer artículo, que “a partir del 1 de enero de 2012, toda suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se establezca en convenios colectivos, o acuerdos de igual naturaleza, tendrá carácter remuneratorio”. El proyecto del legislador correntino también establece que “en las negociaciones colectivas que se desarrollen en el 2011, las sumas que con carácter no remunerativo sean pactadas a favor de los trabajadores, sólo podrán mantener tal carácter por el término de seis meses, convirtiéndose en remuneratorias a todos los efectos legales y convencionales a partir del mes subsiguiente”, y que “las sumas con carácter no remunerativo pactadas en 2011 no podrán ser superiores al 50 por ciento del incremento salarial acordado en esa negociación colectiva”.

Lavado de activos (votada en el primer semestre). La iniciativa impone la tipificación del lavado de activos como “delito autónomo” y elimina la restricción que une esa figura con el encubrimiento de acciones ejecutadas por terceros, algo que impide la persecución penal del comúnmente llamado “autolavado”. El texto aprobado también contempla la suba de los montos de punibilidad del tipo penal a 300.000 pesos. Además, el que realice una maniobra de lavado inferior a 300.000 pesos, tendrá la misma pena que el encubrimiento. Por otra parte, se prevé la autonomía y autarquía financiera de la Unidad de Información Financiera (UIF): para las designaciones, se deberán hacer concursos públicos en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, y el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la UIF en caso que los mismos incurran en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia.

Fábricas recuperadas. Uno de los principales puntos de la ley es que las cooperativas serán reconocidas como sujetos jurídicos para participar en procesos de recuperación de empresas. Además se obliga al Estado a dar subsidios para capital de trabajo, además de proveer apoyo técnico, entre otras cosas. Otro aspecto importante es que no se podrán transferir los pasivos laborales a las empresas recuperadas.

Protección Integral para las Personas Trasplantadas. La iniciativa aprobada por la Cámara alta señala, en su primer artículo, que el objetivo es “proveer los instrumentos necesarios para facilitar su integración familiar y social, mediante la atención médica integral, educación, seguridad social e inserción laboral adecuadas a su condición”.

Producción pública de medicamentos. La ley declara “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”. La iniciativa expresa que la finalidad de la ley es “promover la accesibilidad de medicamentos, vacunas y productos médicos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública”. El texto además detalla que la autoridad de aplicación será “el Ministerio de Salud de la Nación”, y que serán considerados laboratorios de producción pública los “del Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las Fuerzas Armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal”.

Emergencia de zonas afectadas por las cenizas volcánicas. El proyecto declara “zona de desastre y emergencia económica, social y productiva a diversos departamentos de las provincias de Río Negro y Neuquén afectados por la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordon Caulle”.

Seguridad vial. Los legisladores también avalaron, de manera unánime, una norma que modifica artículos del Código Penal en cuanto a delitos sobre seguridad vial. Reclusión, prisión, multas, inhabilitación y prestación de servicios comunitarios son las penas que marcan los nuevos cambios.

Beneficio a víctimas de la Embajada de Israel. Se otorga un “beneficio extraordinario a las víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la sede de Embajada del Estado de Israel en la República Argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. La iniciativa, votada de manera unánime por 41 senadores, destina resarcimientos económicos “a través de sus herederos, o por sí, en su caso”, a “las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas”.

Beneficio a víctimas del atentado a la AMIA. El proyecto establece una indemnización a las víctimas del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994. Los legisladores, de esta manera, intentaron recuperar una iniciativa original que fue presentada hace dos años y medio pero que perdió estado parlamentario, ya que el texto fue aprobado en la Cámara alta y pasó a Diputados, que nunca lo trató.

Estatuto para teleoperadores. Se establece un estatuto para “los teleoperadores y sus empleadores por el trabajo que se preste en los centros de atención de llamadas, también denominados como call centers”.

Educación en cárceles. El proyecto de ley impone que “todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública”. En el texto se señala que el “Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones”. Además se expresa que siempre se deberá “garantizar la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con las participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias”.

Grooming. La iniciativa propone incorporar un artículo al Código Penal para penar “con prisión de seis meses a cuatro años al que, por medio de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual”.

Acopio de municiones. El proyecto del senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Eugenio “Nito” Artaza establece, en su primer artículo, sustituir el apartado tercero del artículo 189 bis del Código Penal, que quedará redactado -si es sancionado por Diputados- de la siguiente manera: “El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de estas y/o la tenencia de instrumental para producirlas y/o el acopio y/o tenencia de municiones y/o la tenencia de instrumental para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a 10 años. El que hiciera de la fabricación ilegal de armas de fuego una actividad habitual será reprimido con reclusión o prisión de cinco a 10 años”.

BCG. El texto impulsado por el senador radical y titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta, José Cano, deja en claro, en su primer artículo, la incorporación “al Plan Médico Obligatorio de la República Argentina, la vacuna Bacilo de Calmette y Guerín (BCG) para la población pediátrica del territorio nacional”.

Régimen Penal Tributario, lavado de dinero y terrorismo. El régimen penal tributario está relacionado con las sanciones a la evasión del pago de tributos al fisco nacional. Las otras dos iniciativas tratan sobre la “prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista”; y sobre el planteo de incorporar “como delitos, junto al lavado de dinero, aquellas conductas que afecten el orden económico y financiero”.

Prórroga de la emergencia económica. En los fundamentos de la iniciativa se expresa: “Si bien nuestra economía ha solidificado su sistema financiero, ha sostenido una correcta administración de sus finanzas públicas y de su balanza de pagos con el exterior. Lo variable de la crisis mundial y su continua transformación recomiendan solicitar prorrogar por dos años la presente normativa”.

Impuesto a las ganancias. El proyecto -criticado por la mayoría de los senadores opositores- señala que se faculta al Poder Ejecutivo “a incrementar los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en orden a evitar que la carga tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas”.

Presupuesto 2012. La iniciativa establece, entre otras cosas, una pauta de crecimiento del 5,1 por ciento; una variación anual del índice de Precios al Consumidor -inflación- del 9,2 por ciento; una cotización promedio del dólar de 4,40 pesos; y el uso de 5.674 millones de dólares de reservas para “la cancelación de servicios de la deuda pública con tenedores privados”. Además, el texto estima exportaciones por 90.833 millones de dólares e importaciones por 82.254 millones de dólares, con un superávit en la balanza comercial de 8.579 millones de dólares, entre otras cuestiones.

Estatuto peón rural. El proyecto en cuestión -a partir de ahora, los trabajadores rurales entran en la ley de contrato de trabajo- señala que “se entenderá por actividad agraria a toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, avícolas u otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales”.

La iniciativa prohíbe “la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades incluidas en la presente ley y de aquellas que de cualquier otro modo brinden servicios propios de las agencias de colocación”.

El texto deja en claro que “la jornada de trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias y de 44 semanales desde el lunes hasta el sábado a las 13 horas”, y que los trabajadores “tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios, con aportes”.

Un artículo al que se oponen algunos senadores opositores es el que crea el “Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), como entidad autárquica en jurisdicción del ministerio de Trabajo” de la Nación, que “absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)”.

Regulación de la extranjerización de la tierra. La iniciativa impone, en su octavo artículo, que se “establece en el 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y supuestos regulados por este capítulo”, y que “dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural”.

El texto además expresa que “las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial”. Dicho equivalente será calculado según la “localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren”, y la “capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación”.

Además, quedan exceptuados de la aplicación de le ley las personas físicas de nacionalidad extranjera que “cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada en el país; los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente, continua y comprobada en el país de cinco años”; y “aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano/a argentino/a con cinco años de anterioridad a la constitución o transmisión de los derechos pertinentes y demuestre residencia continua, permanente y comprobada en el país por igual término”.

Papel Prensa. El proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios establece que la compañía Papel Prensa tendrá que fijar un precio igualitario del insumo para todos los medios del país. Además deberá garantizar no sólo el acceso para todas las empresas, sino también la creación de un Consejo Federal, y una Comisión Bicameral, que deberán hacer cumplir las disposiciones que impone el proyecto.

Un artículo cuestionado por los opositores es el que expresa que si los accionistas privados no realizan inversiones en la compañía, el Estado podrá financiar el aumento de la capacidad operativa de la misma, lo que se traduciría en un incremento del capital accionario.