“La Justicia argentina es ciega”

El diputado radical Manuel Garrido considera que el Gobierno nacional no tiene una política seria sobre la corrupción y la evasión tributaria. Cuestiona con dureza la ley antilavado y antiterrorista recientemente aprobada.

Por Pablo Riveros

Flamante diputado nacional, Manuel Garrido es un hombre de experiencia en el campo de las políticas de transparencia pública. De hecho, dirige los Programas de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Tiene antecedentes para ejercer ese cargo. Arrancó entre 1999 y 2002 como director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; luego fue fiscal de Control Administrativo Interino de ese mismo organismo, hasta que en noviembre de 2003 fue designado fiscal nacional de Investigaciones Administrativas.

Al frente de esa fiscalía que en tiempos de Alfonsín hizo conocida y reconocida el recordado Ricardo Molinas, estuvo hasta que en 2009 presentó su renuncia indeclinable con críticas muy duras hacia el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Es que precisamente la gota que colmó su paciencia fue una instrucción de Righi que lo limitaba para intervenir en causas judiciales en las que estuvieran involucrados funcionarios públicos.

Durante su gestión había impulsado denuncias contra Enrique Albistur, Felisa Miceli y el mismísimo Guillermo Moreno. Un hombre molesto para el poder hoy está en la Cámara baja, donde espera seguir cumpliendo esa función.

– La evasión tributaria, la corrupción y los delitos de cuello blanco le estarían costando una importante suma de dinero al país. ¿Quiere decir eso qué el Gobierno no maneja bien la situación?

– En materia de corrupción está claro que el Gobierno no tiene ninguna política seria y esto es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. Algunos avances que habían tenido lugar en la gestión de Néstor Kirchner como el decreto de acceso a la información, que son mecanismos preventivos de la corrupción, sufrieron un gran retroceso durante la primera parte del primer mandato de Cristina Kirchner. Los órganos de control directa o indirectamente están desmantelados. La Oficina de Corrupción está cumpliendo un rol débil y solamente la Auditoría General de la Nación está trabajando, pero con el problema de siempre. El Colegio de Auditores está en manos del oficialismo por lo cual los informes que se elaboran muchas veces salen lavados o se traban. El rol que deberían cumplir estos órganos de control, por muchos factores que tienen que ver con la falta de voluntad política seria en materia de lucha contra la corrupción, no funciona. No es casualidad entonces que la Argentina tenga un drenaje de recursos como consecuencias de la corrupción. No tenemos políticas contra la corrupción, hay una impunidad manifiesta y tampoco se ha trabajado profundamente en políticas de prevención en los últimos años. Esto por el lado de la corrupción. Por el lado de la evasión aparentemente existe la decisión de reforzar los controles, y de hecho una de las leyes que salió en diciembre fue la Penal Tributaria. Aquí parece que el Gobierno reaccionó, pero también tiene que ver con una situación económica distinta a la de los años anteriores donde tiene que echar mano a recursos y gastos. Una política más dura en temas de evasión responde a estas necesidades de caja del Poder Ejecutivo.

– ¿Cree qué hay corrupción dentro del Gobierno nacional?

– No lo digo yo, lo dicen los índices internacionales. Y por más que algunos funcionarios o legisladores lo nieguen lo que está claro que el nivel de corrupción de la Argentina es uno de lo más altos. No lo digo yo, sino lo dicen los índices y evaluaciones internacionales, trabajos confiables de sectores privados. Lamentablemente Argentina tiene un alto nivel de corrupción, no tiene políticas sostenidas contra esto y a nivel internacional tiene una imagen negativa al respecto. Además los gobiernos argentinos no han percibido el capital político que significa tener políticas sólidas contra la corrupción. Por ejemplo, Dilma Rousseff hizo de la lucha contra la corrupción una de sus banderas de gobierno y levantó su imagen a nivel interno e internacional por haber tenido decisiones firmes a cosas que se revelaron en el seno de su gabinete.

– El Congreso sancionó una ley antilavado y antiterrorista. ¿Cuánto cree que estas normas pueden aportar para combatir estas cuestiones?

– Manifesté mi opinión en el recinto de la Cámara de Diputados: estas leyes son bastantes deficientes. La ley antiterrorista directamente es la negación de los principios generales del derecho penal. La norma aprobada deja abierta la puerta para abusos, independientemente de lo que dice el Gobierno de que no la van a usar para reprimir la protesta social. Esto es relativo porque va a depender de quienes interpreten esa ley y no del Gobierno de turno. Las leyes penales se dictan para regir hacia el futuro, con lo cual su redacción tan amplia y vaga va a dejar abierta a cualquier abuso de cualquier juez que la aplique. Además no corresponde atribuirle toda la responsabilidad al GAFI, porque ninguno de los países que lo integran tiene una norma de este tipo. Argentina podría haber adoptado si quería legislar en materia de lucha contra el terrorismo una redacción más restrictiva y no estableciendo un agravante para todos los delitos. La ley que reprime los delitos bursátiles es mala técnicamente. Esto pasa por legislar de esta manera, a las apuradas. Estas normas debían haber tenido un debate más detenido, si bien hubo un esfuerzo de parte del diputado Oscar Albrieu de mejorar la redacción que venía del Ejecutivo lo que logró en algunos casos. Pero el Poder Ejecutivo se negó a modificar siquiera una coma y este es el resultado de legislar de esta manera: a las apuradas y con escaso rigor técnico. No podemos culpar al GAFI por la negligencia del ministro de Justicia y de quienes lo asesoran.

– El oficialismo hoy tiene mayoría en ambas cámaras, lo que significa que puede avanzar con cualquier iniciativa que se proponga, tal como lo hizo con estas leyes. ¿Qué debería hacer la oposición?

– Debe marcar aquellas cosas que están mal y si no se corrigen manifestar su disenso en las oportunidades en que tiene ocasión de opinar, tanto en las comisiones como en el recinto. Más allá de las mayorías lo que no se entiende es la negación al debate. Porque nosotros estábamos de acuerdo con que se introdujeran algunos tipos penales como la financiación del terrorismo. Pero no se pudo mejorar técnicamente por el escaso tiempo de discusión y también por una actitud refractaria a consensuar. El rol de la oposición es marcar estos déficits, tratar de corregirlos y hacerlos conocer.

– En los últimos días la Justicia se pronunció sobre distintos casos de corrupción después de mucho tiempo y sin condenar a nadie. Como la Escuela Shopping; el caso de la propia presidenta que le alquiló un hotel a un empresario contratista del Estado; o el caso del ex presidente Carlos Menem. En términos generales, ¿los tiempos de la Justicia son lentos por si mismos o hay una intención para que lo sea?

– En parte obedece a cuestiones institucionales, por ejemplo por normas obsoletas que hacen que el sistema federal argentino sea uno de los más atrasados del mundo. Lamentablemente esto no ha sido revertido en los ámbitos de la democracia. El Código Procesal Penal del 92 fue una oportunidad perdida. Sin embargo eso explica una parte del fenómeno de la impunidad. Lo que es real es que los casos que involucran al poder político, además de lentitud se ven coronados por decisiones absolutorias, sobreseimientos, prescripciones y esto significa que lamentablemente y por conveniencia política la Justicia argentina es ciega. Pero no ciega porque es imparcial. Es ciega porque no quiere ver nada. Lo que ocurre normalmente es que a fines de año es el momento en que salen las absoluciones porque luego las tapa enero y las vacaciones. Es sistemático que los últimos días de diciembre la Justicia federal sale con absoluciones, con decisiones que implican impunidad, y este año no fue la excepción. Sería bueno que el Ejecutivo mande el proyecto sobre Código Procesal Penal que dijeron que lo estaban preparando ya por el Gobierno de Néstor. Ojalá que también envíen el proyecto de Código Penal que anunciaron por la misma época. Porque estas reformas esporádicas que responden a intereses coyunturales han llevado a que las leyes penales sean indescifrables. Así que sería bueno que el Ejecutivo mande los proyectos y el Congreso los apruebe.

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