El Frente para la Victoria logró dictaminar a favor de los decretos de necesidad y urgencia firmados por la presidenta. La primera medida fue designar las autoridades del cuerpo, quedando a cargo Jorge Landau.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo rompió el receso vacacional este lunes para analizar los decretos de necesidad y urgencia emitidos por la presidenta de la Nación, los cuales fueron aprobados, tal cual se preveía. De esta manera los despachos deberán ser tratados por el pleno de ambas cámara del Congreso.
Asimismo se eligieron autoridades para la comisión, recayendo la presidencia en el kirchnerista bonaerense Jorge Landau, en tanto que el vicepresidente será el senador Pablo González, del FpV de la provincia de Santa Cruz. La secretaría quedó en manos del radical Juan Pedro Tunessi.
El titular del bloque de senadores radicales, Luis Petcoff Naidenoff, protestó con el argumento de que la comisión era un organismo de control, por lo que correspondería presidirla a la oposición.
La comisión analizó entre otros temas el decreto que dispuso una revisión de pagos adicionales, bonificaciones o suplementos salariales extraordinarios que perciben empleados de la administración pública, sancionado en diciembre por la presidenta Cristina Fernández.
Al respecto, Landau destacó la importancia de la reunión, argumentando que “es importante para el funcionamiento del Poder Ejecutivo que (el decreto) cuente con el dictamen respaladatorio”.
El oficialismo reunió a los senadores Miguel Ángel Pichetto, Beatriz Rojkés de Alperovich, Marcelo Guinle, Pablo González y María de la Rosa; y los diputados Jorge Landau, Eduardo De Pedro, Luis Cicogna, Diana Conti y Agustín Rossi.
En la lista de opositores figuraron los senadores radicales Luis Petcoff Naidenoff y Ernesto Sanz; y diputados Juan Pedro Tunessi y Jorge Albarracín. La única ausencia fue la del titular del Frente Peronista, el mendocino Enrique Thomas.
Revisión de salarios
Su mayoría parlamentaria le permitió al kirchnerismo despachar sin inconvenientes el decreto que revisa los pagos adicionales, bonificaciones o suplementos salariales extraordinarios que perciben empleados de la administración pública.
Landau destacó que el texto del decreto otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reexaminar las renumeraciones extraordinarias no incluidas en el sueldo regular nominal de los trabajadores estatales y aclaró que no implica cercenamientos.
Asimismo remarcó que el decreto propone crear “una comisión para interpretar esta normativa referida a cada una de las áreas de la administración pública”.
De la mano de Tunessi, el radicalismo manifestó su posición contraria cuanto al “fondo y forma” del decreto, por lo que firmó un dictamen de minoría. El diputado bonaerense objetó que el DNU es “tan amplio y genérico” se podrían revistar los acuerdos gremiales. “Son compañas de realismo y de ajuste”, denunció.
Los otros decretos
La Comisión Bicameral también despachó otros cuatro decretos. Hablamos del 1764 que modifica el Presupuesto 2011; el 1991 para sustituir el artículo 1 del marco regulatoria a las empresas de medicina privada; y el 2082 sobre la ley de ministerios. Además le dio luz verde al decreto 246 sobre el sistema de jubilaciones y pensiones.
Pese a ello el radicalismo aseguró que el cuerpo no podía emitir dictámenes referidos a los tres primeros decretos, ya que se habían vencidos los plazos para su tratamiento. En efecto, el senador Petcoff Naidenoff sostuvo que los mismos deberían haber sido tratados en comisión dentro de los 10 días hábiles de haber sido decretados. Responsabilizó por ello al entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández y propuso pasar los textos directamente a las cámaras legislativas. Asimismo, Tunessi cuestionó al PEN por no haber incluido los DNU en el temario de las sesiones extraordinarias.
Claro que la petición de la UCR no pudo frente a la mayoría del Frente para la Victoria, quien además se encargó de refutar la posición del bloque opositor. En ese sentido, Diana Conti reconoció que la “torpeza” y el poco trabajo de la Comisión Bicameral fue producto de todos los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición quien tampoco se pronunció sobre la cuestión a lo largo del año.
La discusión se reanudó con el decreto que modifica las tasas de los préstamos a jubilados y pensionados y si bien la UCR reconoció su acuerdo con la medida, firmó un dictamen de minoría por no coincidir con su legalidad.
