PSC: un programa contra la inseguridad

Por Rodolfo Terragno

En un año hubo 3.292 delitos por cada 100.000 habitantes, y eso incluye sólo a los denunciados

Los períodos electorales fuerzan a la diferenciación. Cada candidato necesita mostrar que es preferible a los otros.
Resuelta la pugna, corresponde minimizar diferencias y buscar consensos para encarar problemas colectivos graves, como la inseguridad ciudadana.
No cabe subestimar tal inseguridad, como se lo hace cuando se recuerda que hay, en América Latina y el Caribe, 17 países más inseguros. Estamos en una de las regiones del mundo con mayor delincuencia: Honduras lidera el ranking internacional de
asesinatos-promedio (82 anuales por cada 100.000 habitantes), seguida por otros cinco países latinoamericanos y cinco del África.
Sin embargo, Chile (3,7) es más seguro que los Estados Unidos (5) y una vez y media más seguro que la Argentina (5,5). Las estadísticas (2010), aunque objetadas por algunas fuentes chilenas, provienen de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Nuestra Dirección Nacional de Política Criminal destaca que el índice actual (5,5) marca la notable mejoría lograda en una década. Es cierto: el de 2000 fue de 9,2; pero esto no debe volvernos conformistas:
– Septuplicamos, en asesinatos-promedio, a las 10 naciones más seguras: Austria, Japón, Noruega, Eslovenia, Alemania, Dinamarca, República Checa, España, Suecia y Holanda (en conjunto, 0,79).
– Hay indicios de un recrudecimiento de la violencia.
– Al margen de los asesinatos, se ha llegado a contabilizar 3.292 delitos (en un año y por cada 100.000 habitantes) que atacaron la libertad, la propiedad o el honor; y se presume que fueron más, porque muchas víctimas no hacen la denuncia.
Para mejorar de modo drástico la seguridad pública, se requiere consenso sobre un Programa de Seguridad Ciudadana (PSC). Como aporte, aquí se presenta una propuesta básica:
1. Correlaciones múltiples verificadas. Se abandonará el simplismo causal, que señala la “mano blanda” o la “injusticia social” casi como causa única de la inseguridad. Las estadísticas oficiales serán un punto de partida, pero se determinará el grado de correlación entre el delito y diversas variables, como la densidad poblacional, la distribución de la riqueza, la educación, la jurisprudencia penal o los valores sociales predominantes.
2. Datos para un diagnóstico preciso. No es cierto que el diagnóstico sea conocido. Se sabe la cantidad y tipo de delitos que se cometen; pero diagnosticar es descubrir “por qué” ocurren. El análisis desprejuiciado de las correlaciones múltiples verificadas permitirá reconocer factores de riesgo, establecer prioridades y encarar estrategias varias.
3. Importancia del medio ambiente. Además del ataque a las condiciones directas del delito masivo, se buscará el consenso para modificar el entorno de la actividad delictiva. Se acordarán medidas económicas, sociales y culturales, dirigidas a superar la marginalidad, resolver inequidades y elevar la educación.
4. Digesto penal. El Código Penal y las leyes complementarias tienen una incongruencia que atenta contra su eficacia. Ejemplo: al que asalta con un revólver, así no dispare un solo tiro, se lo puede condenar a 20 años de cárcel; pero si desfigura a la víctima y la deja inútil de por vida, no se le puede dar más de 15 años. La unificación y la proporcionalidad de las leyes penales, a través de un digesto, adecuará las penas a la gravedad de cada delito.
5. Fin del efecto “puerta giratoria”. Procesados y condenados suelen entrar y salir con facilidad, no sólo por debilidades de la ley procesal y liviandad de algunos jueces. También por: cantidad inmanejable de causas, falta de juzgados suficientes, pobres recursos técnicos y falta de capacidad carcelaria. Se revisará el Código procesal, se fijarán límites a la discrecionalidad judicial, se aumentará el presupuesto de la justicia, se crearán nuevos juzgados, se digitalizarán completamente los procedimientos y se aumentará la capacidad carcelaria.
6. Reforma policial. La relativa ineficacia de las fuerzas de seguridad resulta de la falta de recursos, bajos sueldos, ineficiencias parciales y bolsones de corrupción. Se aumentará también el presupuesto policial y se impondrán rigurosos concursos de antecedentes para el ingreso y la promoción. Se fijarán, además, objetivos de calidad que deberán alcanzarse conforme un cronograma. Organizaciones de la sociedad civil serán parte de los tribunales de conducta.
7. Creación de fiscalías de investigación preparatoria y una policía judicial. La mora judicial frustra el propósito de la ley. Se crearán fiscalías de investigación y una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, para aumentar y acelerar el esclarecimiento de los delitos.
8. Sanciones automáticas a jueces que incumplan su deber. Se incorporará, al Consejo de la Magistratura, un sistema de sanción o remoción automática de jueces que incurran en faltas graves predeterminadas. Se eliminará así la protección política de magistrados.
9. Medios de comunicación masiva. Aun sin intención, los medios suelen estimular el delito y la inseguridad subjetiva. Se trabajará con tales medios, mostrando las ventajas de que ellos mismos establezcan un Código de Prácticas en línea con el PSC.
10. Participación académica y de la sociedad civil. Se convocará a universidades, expertos y ONGs que puedan contribuir. Se coordinarán los esfuerzos de entes oficiales y privados que, a menudo en soledad, estudian experiencias internacionales aplicables. En 2010, un seminario de la Fundación Argentina Siglo 21 reunió al director de ILANUD (órgano de Naciones Unidas para la prevención del delito) así como a catedráticos de España y Brasil dedicados a estudiar la prevención y a la lucha contra el crimen organizado. Aportes de tal clase darán fuerza a este programa que, de aplicarse ?con las modificaciones y añadidos que surjan de su análisis?contribuirá a recuperar la seguridad perdida.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password