Según lo establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos de jerarquía constitucional y al que adhiere Argentina, el desarrollo social es un derecho humano básico y en virtud de que en idéntico sentido la Carta Magna de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 18 encomienda la promoción del desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio.

En ese sentido y en consonancia con lo establecido en la normativa mencionada las diputadas del Pro Carolina Stanley y Carmen Polledo presentaron un proyecto de ley que crea el Régimen de Mecenazgo Social en la Capital Federal.

Ello obedece -según las autoras- a la necesidad de coordinar los criterios y el compromiso mancomunado del sector público y privado -empresas y organizaciones no gubernamentales- en acuerdo al artículo 48 de la Constitución porteña que establece como política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social. Para ello la Ciudad promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en el marco de un sistema que asegura el bienestar social y el desarrollo sostenible.

Tal como ocurre con la ley de mecenazgo que promueve el desarrollo de las artes y la cultura y contribuye a conservar e incrementar el patrimonio cultural de la Ciudad incentivando la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, las legisladoras del Pro, presentaron un proyecto de norma que estimula e incentiva la participación privada en el financiamiento de proyectos sociales.

La iniciativa fue presentada por las legisladoras macristas el pasado 1º de diciembre y según expresan éstas en los fundamentos de la propuesta, la normativa permitiría que personas físicas o jurídicas financien con aportes dinerarios proyectos de interés social para la Ciudad de Buenos Aires.

También manifiestan que en el ámbito social, la Ciudad carece aún de una herramienta fundamental, una ley de mecenazgo, que permita conjugar la acción indelegable del Estado con la iniciativa privada, que posibilite mancomunar esfuerzos en el objetivo común de achicar la brecha que separa a los que más tienen de los que menos tienen.

En ese marco debe tenerse presente que un mecenas, por definición de la Real Academia Española, es la persona que patrocina las letras o las artes. Es una figura que existe desde la época del emperador romano Augusto, que fue readaptada a los tiempos modernos, para convertirla en una acción eficaz para las necesidades actuales. A diferencia de la antigüedad, el mecenazgo moderno tiene normas y regulaciones, que permiten a quienes lo ejercen, obtener como contrapartida, una sumatoria de beneficios que incentiva su participación en estas actividades.

A partir de ello, Stanley (actual ministra de Desarrollo Social) y Polledo han impulsado el análisis de este proyecto en el seno de la Comisión Políticas de Promoción e Integración Social que tiene por objeto la creación del “Régimen de Mecenazgo Social” en la Ciudad de Buenos Aires.

Los proyectos sociales que serán atendidos por el Régimen de Mecenazgo Social deberán ser sin fines de lucro y estar relacionados con la promoción y reinserción social, investigación, capacitación, difusión, creación y producción de actividades o acciones tendientes a la atención de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica o exclusión social, los cuales sin perjuicio de otras consideraciones que se adopten en un futuro, pueden consistir en: becas de capacitación para jóvenes; talleres de artes y oficios; inserción laboral y capacitaciones que tengan por objeto la inclusión social; actividades socio-culturales o deportivas de integración que promuevan hábitos saludables para la comunidad; equipamiento, obras de infraestructura y funcionamiento de programas directamente destinados al desarrollo y sustentabilidad de la primera infancia, niñez, adolescencia, problemática de género, adultos excluidos y tercera edad; recuperación y reinserción social de personas afectadas por adicciones y el fortalecimiento y participación de grupos minoritarios.

Registro de Mecenazgo

Cabe resaltar que la propuesta establece también, la creación de un Registro, el que deberá ser de acceso público y funcionar de acuerdo como lo estipule la reglamentación respectiva y en él se inscribirán los proyectos sociales que aspiren a ser financiados por el régimen y las personas jurídicas sin fines de lucro que los presenten, con la información requerida para su evaluación, de acuerdo con la normativa que le de origen; los Mecenas Sociales con la información suministrada por la Dirección General de Rentas al cierre de cada ejercicio fiscal; los aspirantes a Mecenas Sociales, personas físicas o jurídicas que voluntariamente manifiesten su intención de financiar proyectos sociales. En ningún caso se exigirá esta inscripción como Aspirante a Mecenas Social para poder hacer uso del beneficio fiscal contemplado en el presente Régimen de Mecenazgo Social.

Asimismo se establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad y a tal fin tendrá las facultades de aprobar los proyectos que entienda compatibles con las políticas públicas de desarrollo social, siempre que cuenten con dictamen obligatorio no vinculante del Consejo de Mecenazgo Social; proveer y administrar las instalaciones, personal y equipamiento para el funcionamiento del presente régimen; controlar las condiciones de cumplimiento para el otorgamiento de los beneficios previstos en la ley y las actividades que se ejecuten de acuerdo con los proyectos presentados; aprobar, objetar o rechazar con causa fundada los informes de avance y rendición de cuentas de los proyectos y articular acciones con otros ministerios del Gobierno de la Ciudad cuyas áreas se relacionen con las actividades de los proyectos aprobados.

Consejo de Mecenazgo

A los fines de la aplicación del Régimen la iniciativa promueve la creación del Consejo de Mecenazgo Social de la Ciudad, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, el cual debe estar integrado por representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tendrá como atribuciones: establecer su propio reglamento interno en un plazo que no supere los sesenta días a partir de su constitución; dictaminar sobre la conveniencia de beneficiar los proyectos sometidos a su evaluación, emitiendo dictamen obligatorio y no vinculante; elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su consideración y eventual aprobación, los proyectos que obtengan dictamen obligatorio y no vinculante en razón del interés social para la Ciudad.

Este organismo deberá reunirse como mínimo una vez al mes. En dicha reunión tendrá que evaluar el cumplimiento de las formalidades, resolver sobre el interés social para la Ciudad de Buenos Aires de los proyectos presentados, sujetándose a toda la normativa vigente y comunicar sus decisiones a la autoridad de aplicación.

El Ministerio de Desarrollo Social a través del Programa de Responsabilidad Social Empresaria implementará acciones de capacitación al sector privado para la utilización y fomento del “Régimen de Mecenazgo Social” las que estarán direccionadas a capacitar a los aspirantes a beneficiarios de proyectos sociales que integren éste régimen; propiciar que los proyectos aprobados sean conocidos por los contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que puedan participar del régimen; intermediar entre los aspirantes a beneficiarios y beneficiarios de proyectos aprobados, y el sector privado a fin de armonizar la comunicación e impulsar la concreción de los proyectos; velar por la efectiva realización del proyecto y cumplimiento de las condiciones del mismo y dar a conocer los lineamientos internacionales en materia de Responsabilidad Social para su implementación en el ámbito público y privado.

Cabe recalcar que la búsqueda y concreción de aportes se realizará de modo concurrente entre el beneficiario y la Unidad Administrativa Programa Responsabilidad Social Empresaria, contando ésta última para su funcionamiento con fondos que deberán ser provistos por el Ejecutivo de la ciudad.

Los beneficiarios

Serán beneficiarios las personas jurídicas sin fines de lucro y cooperativas, que residan o desarrollen sus actividades en la Ciudad y sus proyectos podrán ser financiados una vez que la autoridad de aplicación acepte que el mismo se ajusta a los procesos, procedimientos y condiciones establecidos por la ley en cuestión y su reglamentación.

También el proyecto de ley manifiesta taxativamente que en la difusión de todos los proyectos sociales que se ejecuten en el marco del régimen, debe hacerse expresa mención al Régimen de Mecenazgo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los mecenas sociales

Se denomina así a todos los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que contribuyan al financiamiento de proyectos sociales que obtuvieran dictamen favorable del Consejo de Mecenazgo Social y fueron aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que relacionan su imagen o la de sus productos con el proyecto financiado, o requieran algún tipo de contraprestación de los responsables del proyecto para cuyo financiamiento contribuyeron.

Al respecto se determina que el cien por ciento del monto de los financiamientos efectuados por los Mecenas Sociales en virtud del Régimen de Mecenazgo Social, serán considerados como un pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio de su efectivización. El proceso y las formalidades necesarias para la instrumentación de este beneficio se establecerá por vía reglamentaria.

Para acceder a este beneficio el Mecenas Social debe encontrarse al día con sus obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, debe acreditar que se encuentran al día con sus obligaciones impositivas, previsionales y laborales a nivel nacional, a cuyo efecto la reglamentación determinará la forma de acreditar tales extremos. Las inhabilitaciones o incompatibilidades serán establecidas por la reglamentación respectiva.

Los procedimientos

Los aspirantes a beneficiarios presentarán ante la autoridad de aplicación un informe del proyecto, con carácter de declaración jurada, incluyendo: datos y antecedentes del aspirante a beneficiario, descripción y objetivos del proyecto; cronograma y planificación de actividades, con descripción de las mismas; plazo previsto de realización o fecha de finalización, según corresponda y el presupuesto necesario para la realización del proyecto.

Se dispone asimismo que el Consejo de Mecenazgo Social estará obligado a resolver sobre cada proyecto, en un plazo no mayor a noventa días corridos a partir de la presentación del mismo y que el Ministerio de Desarrollo Social no podrá aprobar proyectos que no cuenten con dictamen obligatorio no vinculante del Consejo, a excepción de que hubieran trascurrido 90 días corridos y el Consejo no se hubiera expedido.