El gobierno ha hecho de la relación directa con la gente una de sus banderas. Por eso Cristina no da reportajes, como casi tampoco lo hacía Néstor Kirchner, quienes al llegar al poder decidieron que ellos mismos se encargarían de “comunicar”, sin intermediarios.

Claro está que a Cristina sólo le corresponden las buenas noticias. Para las malas están los ministros, es lógico. Ejemplo: la quita de los subsidios, para la que dieron la cara Amado Boudou y Julio De Vido; ella después la llamó “sintonía fina”, mientras que la oposición la definió sin eufemismos como “ajuste”.

Llamó la atención que una información trascendental que terminó dominando toda la semana, no fuera anunciada por ningún funcionario, sino a través de la publicidad. Hablamos de las tarjetas SUBE, cuyo spot publicitario deslizaba en su última línea que “a partir del 10 de febrero, si querés viajar en tren o colectivo en el Area Metropolitana y no tenés tu tarjeta SUBE, vas a perder los beneficios del subsidio y tu pasaje lo vas a pagar más caro”.

Ni Cristina lo hubiera explicado más claro, mérito de los publicistas que dispararon inmediatamente una fiebre ciudadana por hacerse de esa tarjeta que fue anunciada por primera vez por la Presidenta el 4 de febrero de 2009, hace exactamente tres años, como solución ante la falta de monedas que por entonces agobiaba a los usuarios. La implementación de la tarjeta excedió largamente los 90 días anticipados entonces por CFK, demorando en cambio más de dos años su implementación.

A propósito de esa carencia de monedas que motivó la creación de las tarjetas, a principios de diciembre se anunció la puesta en circulación de monedas de 2 pesos. Cien millones de unidades se echaron al mercado. No es casual la irrupción de las mismas, que mucho vinculan con el nuevo valor que tendrá el boleto de colectivos, muy similar al de los subtes convalidado recientemente.

Decíamos en esta misma columna cuando el anuncio de la eliminación de subsidios que uno de los más complicados de implementar sería el del transporte público. Por ser una de las tarifas más retrasadas, consume uno de los mayores porcentajes del valor del subsidio. Las empresas de transporte se convirtieron prácticamente en instrumentos de políticas que decide el Estado, ocupándose de brindar el servicio, no más que eso. No resuelven sobre la renovación de unidades, ni mucho menos respecto de los sueldos que la UTA arregla en el Ministerio de Trabajo. El valor del boleto apenas alcanza para cubrir menos de la mitad del gasoil que consumen los colectivos, y un porcentaje aun menor de los salarios.

La incomodidad mayor radica en que el efecto de un aumento es inmediato y simultáneo. Los otros servicios llegan cada dos meses y los incrementos no son uniformes. Con el boleto de trenes y colectivos la reacción es distinta y pega directamente en el corazón del votante K. Razón de más para buscar una ingeniería que elimine de los titulares la palabra “tarifazo” cuando inexorablemente deba implementarse el mismo.

La sensación imperante es que todo aquel que tenga la tarjeta SUBE evitará el incremento. Es de imaginar ante la gran demanda popular por acceder al plástico que sobre el filo del vencimiento, el plazo se extienda más allá del 10 de febrero, aunque difícilmente la prórroga exceda una semana. No llegaría a marzo, como demandan muchos que reclaman por la gente que está de vacaciones, pues para entonces ya deberá estar implementada la adecuación de la tarifa, cuyo precio final es top secret.

Es ingenuo pensar que la portación de la tarjeta SUBE será un salvoconducto para evitar el incremento, pues en un futuro mediato el aumento regirá para todo el mundo. Según confiaron fuentes consultadas, el subsidio irá directamente al usuario. O mejor dicho, una parte bastante inferior a los millones que hoy van a las empresas de transporte, ya que la decisión es reducir gastos. Beneficiarios de planes sociales, o de la Asignación Universal por Hijo, como así también jubilados, recibirían sumas fijas en sus tarjetas, determinadas en función del uso que hagan de los transportes. Trabajadores con mucho “kilometraje” también recibirían una asistencia del Estado. Esa parte del sistema demandará un tiempo para su perfeccionamiento y ejecución; el resto de los mortales pagarán más, en los próximos meses.

En su reaparición pública, la Presidenta volvió a hablar de “sintonía fina”, dando más detalles de la misma. “Significa que se terminaron las avivadas”, explicó. Insidiosos de los que nunca faltan replicaron que “lo que se terminó es la plata”.

En ese contexto sonó destemplada la referencia a una eventual reforma constitucional. Fue en un ámbito público donde se habló del tema, aunque se trataba de una reunión privada, en la que según pudo saberse Amado Boudou brindó su aval a esa discusión a la que pocos días atrás uno de los dirigentes presentes, Aníbal Fernández, había descartado de plano. Bueno es aclarar que la idea no partió de los labios del compañero de fórmula de Cristina, sino de conspicuos dirigentes de La Cámpora.

Y que mientras Boudou habló de asumir el debate de una reforma sin hacer hincapié en la re-reelección, quienes sacaron el tema en esa reunión marplatense sí lo hicieron. “Vamos por todo”, confirmó uno de los principales dirigentes de La Cámpora y amigo personal de Maximiliano Kirchner. Más atinada, quien en su momento avivó el avispero con aquello de “Cristina eterna”, Diana Conti, aclaró que si bien la re-re puede estar en el deseo de los militantes, la Presidenta aún no ha dado ninguna aprobación, más bien todo lo contrario.

En efecto, Cristina fue contundente el 1° de marzo de 2011 en el discurso ante el Congreso, cuando dejó la frase: “Si no he logrado una minoría simple para una norma que han tenido todos los presidentes argentinos como es el Presupuesto, ¿a quién se le ocurre lo de la reforma constitucional?”. Pero a continuación, para ser más enfática, preguntó si alguno la había escuchado decir que iba a ir a la reelección en 2011. “Así que no se hagan los rulos”, concluyó. Pues bien: fue a la reelección; bien podría en un tiempo determinado modificar su convicción respecto de un tercer mandato.

Es seguro que el cristinismo aboga por el mismo. No así que CFK piense gobernar una docena de años seguidos. Podría incluso llegar a propiciar una reforma constitucional para instalar un sistema parlamentario, absteniéndose aun de ser ella beneficiaria.

Son especulaciones, pero lo seguro es que a Cristina la beneficia que se debata el tema, manteniendo siempre su opinión al margen. Servirá para evitar que el poder comience a escurrírsele conforme pase el tiempo y se aproxime el recambio; también para contener aspiraciones de otros en su mismo partido; y para evitar que el poder acumulado fluya hacia otros nombres.

Pero también servirá para que la polémica le quite centralidad a los incrementos en los servicios que se viene.

Aunque el tema no está para nada hoy en la agenda de la gente. Una encuesta que se conoció esta semana señala que un 54% no quiere una reforma constitucional. Paradójicamente el mismo porcentaje con el que Cristina arrasó en octubre pasado.