Los diputados nacionales Ricardo Alfonsín y Miguel Bazze aseguraron que “existen indicios ciertos de que hay empresas con permiso para pescar en los mares argentinos que pueden tener relación jurídica o económica de beneficio con buques o empresas que pescan en la Argentina y que pueden estar relacionadas con buques que pescan ilegalmente en Malvinas”.

En función de ello ambos legisladores presentaron un pedido de informe ante el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca con el fin de requerir información acerca de lo dispuesto por la resolución 514/09, reglamentaria de la Ley de Pesca. La resolución aludida, según explicaron los diputados, “limita indebidamente el alcance de lo dispuesto por el artículo 27 bis de la Ley de Pesca donde prohíbe a quienes se benefician con permisos de pesca en nuestros mares tener “relación jurídica o económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadores, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso”.

Según Alfonsín y Bazze,”la reglamentación del Ministerio dispone injustificadamente que las relaciones aludidas y prohibidas por la Ley deben ser “relaciones directas” sin que exista nada en la norma reglamentada que habilite semejante interpretación”. “La limitación dispuesta por el Ministerio, dicen ambos diputados, facilita que en los hechos se burle el cumplimiento de la ley.

Por otra parte los diputados se preguntaron si “la inexistencia de la relación prohibida por la Ley de Pesca se acredita sólo mediante una declaración jurada o si existe algún otro dispositivo que pueda dar mayor certeza a la información brindada por la empresa”.