El reclamo por las modificaciones a la Ley de Trata de Personas salió a la luz con el juicio por la desaparición de Marita Verón. En el Senado un proyecto ya tiene sanción, mientras que en Diputados las iniciativas están frenadas. Habrá que ver si oficialismo y oposición logran llegar a un acuerdo para impulsar el tema una vez iniciadas las sesiones ordinarias.
El juicio que se desarrolla en Tucumán por la desaparición de Marita Verón en 2002 desató nuevamente el debate por una nueva Ley de Trata de Personas, que podría ser uno de los temas en la agenda del Congreso una vez iniciado el período de sesiones el próximo 1º de marzo.
A pesar de que desde la oposición –fundamentalmente, el radicalismo- reclaman con énfasis el tratamiento del tema, habrá que ver si éste cuenta con la venia oficial, aunque se trata de un proyecto que cuenta con la sanción del Senado, y sobre el cual también hay iniciativas presentadas en la Cámara baja.
Actualmente rige la Ley 26.364, denominada “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas”, que fue sancionada en abril de 2008 y que, según algunos diputados, aún presentaría algunas deficiencias para combatir este delito.
Entre las modificaciones reclamadas, se destaca la creación de un programa nacional de prevención y atención a las víctimas de trata de personas, la creación de un número telefónico para denuncias y el agravamiento de las penas contra los responsables de estas redes.
Otros proyectos presentados en Diputados tienen que ver con la creación de un registro de personas perdidas y desaparecidas en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación; y la prohibición y regulación de avisos clasificados que favorezcan el reclutamiento de personas y su oferta sexual.
La sanción del Senado
La aprobación de los cambios a la Ley de Trata de Personas en la Cámara alta tuvo lugar en la sesión del 31 de agosto del año pasado.
Además de imponer una nueva definición del delito en cuestión, el dictamen logrado en aquella oportunidad elimina “el consentimiento de la víctima” como causa para eximir de responsabilidad penal al autor del delito.
El proyecto, que en general fue votado de manera unánime por 59 senadores, y que debe aún ser sancionado por Diputados, fue debatido durante cinco meses por la Comisión de Justicia de la Cámara alta.
Además, la propuesta tiende a crear organismos nacionales para facilitar la búsqueda, asistencia y reparación del daño a las víctimas, y deja en claro que las víctimas también tendrán derecho, entre otras cosas, a recibir “asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito”, “asistencia psicológica y médica gratuitas”, “capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo”, y “protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al Programa Nacional de Protección de Testigos”.
Estos cambios fueron elaborados en base a iniciativas presentadas por los tucumanos Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio Mansilla, la formoseña Adriana Bortolozzi, la puntana Liliana Negre de Alonso, el chaqueño Roy Nikish, y el salteño Juan Carlos Romero.
