Este jueves fue presentado el Equipo Público de Abogados de los Niños y Adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en un evento organizado conjuntamente entre el Consejo de la Magistratura y la Asesoría General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.

“Alrededor de 1.000 niños y niñas se encuentran actualmente internados en instituciones de albergue en la Ciudad de Buenos Aires que en promedio, transcurren casi 4 años en el circuito institucional, privados de un medio familiar y comunitario” aseguró Laura Musa, Asesora General Tutelar de la CABA y promotora de la creación de esta novedosa figura jurídica: el Abogado del Niño.

“Más de 250 niños, niñas y adolescentes fueron internados en el año 2011 en hospitales psiquiátricos públicos, de los cuales el 20% de ellos se encontraban privados de cuidados parentales al momento de su internación y el 15% provenía de instituciones de albergue. A esto se agrega que casi un centenar se encuentran internados en comunidades terapéuticas”, continúo la Asesora General Tutelar de la CABA.

“Contar con un abogado les permitirá a estos chicos ejercer el derecho que tienen a ser oídos; a expresar su opinión libremente; acontar con asistencia jurídica y a defender sus derechos comotitulares de los mismos” expresó Musa.

“Las situaciones son de gravedad. En muchos casos permanecen privados de su libertad en instituciones psiquiátricas a pesar de contar con el alta de internación prescripta por el equipo tratante de los hospitales, por no brindar el Estado una política pública adecuada a estos casos” prosiguió la doctora Musa.

“Que la institucionalización de chicos sigue siendo un eje de la política de infancia se refleja en el peso que en el presupuesto tiene el gasto destinado a solventar a las instituciones de albergue de niños y niñas que contrasta con la ausencia de políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de su familia y comunidad de origen” mantuvo la Asesora Tutelar.

“Creemos que la creación de este equipo de abogados es un paso fundamental para que las personas menores de edad ingresen plenamente en un sistema de máxima protección de sus garantías constitucionales de procedimiento; constituyendo una gran contribución al estado democrático de derecho” concluyó Laura Musa.