Los diputados nacionales Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria (UCR-La Rioja) solicitaron este jueves al presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, que, “de igual modo que las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras del Congreso se reunirán en la ciudad de Ushuaia para abordar el debate de proyectos vinculados con la temática Malvinas, se convoque a la Comisión de Minería a constituirse en la localidad riojana de Famatina”.

Los legisladores radicales proponen sesionar en la ciudad riojana “a los efectos de conocer la opinión de las Asambleas Ciudadanas por la Vida, instituciones intermedias, líderes sociales y religiosos y ciudadanos, sobre las consecuencias contaminantes que supone este tipo de explotación minera y la falta de condiciones institucionales en la provincia que ponen en peligro el ejercicio ciudadano de las garantías consagradas constitucionalmente”.

De igual manera, “tratar los proyectos presentados en esta Cámara vinculados a la temática de la prohibición de la minería a cielo abierto, reformas al Código de Minería y el repudio a la represión y la persecución sufridas por los manifestantes opositores a la explotación minera a cielo abierto”.

“Las manifestaciones ciudadanas contra este tipo de explotación minera se intensificaron la última semana en el noroeste y amenazan extenderse al resto del país. Más allá de La Rioja y Catamarca, también hay manifestaciones sociales contrarias a estos emprendimientos en Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Jujuy, Salta, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero”, señalaron Martínez y Brizuela y Doria.

Agregaron que, “resulta de público conocimiento que las comunidades directamente afectadas por este tipo de explotación asumen, con firmeza y mediante manifestaciones absolutamente pacíficas, su postura ciudadana en contra de la actividad minera a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas que los gobiernos provinciales insisten en mantener y/o instalar”.

“En ese sentido, las represiones policiales y parapoliciales, que se pudieron apreciar en todos los medios de comunicación masiva las últimas semana, provocaron que la tensión social efectivamente vaya en aumento y no pueda dimensionarse con exactitud las consecuencias que la misma provocará sobre la vida personal y laboral de los ciudadanos comprometidos con la causa ambiental”, dijeron.

Martínez y Brizuela y Doria, explicaron que, “de acuerdo al artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, todos gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, pero también tenemos el deber de preservarlo”.

“Por tanto, en virtud del cumplimiento del mandato constitucional y de nuestra indelegable obligación republicana de sancionar leyes que recojan, prioricen y sinteticen las demandas sociales, y considerando las evidentes dificultades de las comunidades afectadas de trasladarse hasta esta capital para exponer su opinión con respecto al tema que nos ocupa, consideramos oportuno, deseable y profundamente democrático la presencia de los integrantes de dichas comisiones en al menos uno de los lugares donde la evidente y flagrante falta de garantías por parte de las autoridades provinciales genera un preocupante clima de creciente tensión social”, concluyeron Martínez y Brizuela y Doria.

Acompañan el presente pedido de Martínez y de Brizuela y Doria, los diputados nacionales Juan Pedro Tunessi (UCR-Buenos Aires) y Carlos Comi (CC-Santa Fe).