En estas horas, a poco del 30° aniversario de la Guerra de Malvinas, es bueno recordar lo establecido por la cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional:

“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

En sólo dos párrafos, nuestra Carta Magna resume conceptos centrales en lo que refiere a soberanía, integridad territorial, respeto del modo de vida de los isleños y apego total al derecho internacional.

En este marco, sorprende la postura de algún sector minoritario que en su afán de diferenciarse de las políticas oficiales del Estado Argentino –actuales e históricas- plantea sus objeciones sobre la legitimidad del reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, haciendo una lectura absolutamente parcializada y errónea de lo expresado por la Constitución Nacional.

Llama la atención, en este sentido, la liviandad con la que se comparan las decisiones de Política Exterior de un gobierno democrático con la afiebrada decisión de ir a una guerra por parte de la Dictadura Cívico Militar en 1982, tal cual desliza el historiador Luis Alberto Romero en su columna del Diario La Nación del 14 de febrero.

De acuerdo a lo señalado, se busca impulsar un giro radical en la política oficial con respecto a las Islas, partiendo desde las premisas de que se debe “abandonar la agitación de la causa Malvinas” y al mismo tiempo “abdicar” al reclamo de soberanía, con una política de seducción de los ocupantes de las islas que recuerda a los ositos Winnie Pooh del ex canciller Guido Di Tella.

Uno de los voceros del grupo, el ex diputado Fernando Iglesias, se pronunció días atrás “en contra de todo tipo de escalada, incluso de una verbal”. Acto seguido calificó de “estúpida” la postura de reclamar que el Reino Unido se siente a negociar, tal cual históricamente solicita nuestro país en línea con lo plasmado por la Resolución 2065 de Naciones Unidas. Para el ex legislador, “nos conviene más negociar con los isleños que con Inglaterra”.

Casualmente -o no- el derecho de autodeterminación es el principal argumento que sostiene el gobierno del primer ministro David Cameron para rechazar el reclamo argentino de soberanía.

Más allá de que esta “visión alternativa” nunca explicita claramente cuál sería la ventaja de fomentar la autodeterminación de los isleños, pareciera que se desconoce que la resolución 1514 de las Naciones Unidas, que acordó a los pueblos coloniales el derecho de independizarse, no es de aplicación en el caso de territorios ocupados ilegalmente -a la fuerza- por una población trasplantada, tal el caso de las Islas.

Tal como señalara el actual embajador de Chile ante la ONU, Octavio Errázuriz, en la última reunión del Comité de Descolonización, Malvinas constituye un caso “especial y particular que se diferencia de otras situaciones coloniales debido a la existencia de una disputa de soberanía entre dos Estados”. En caso de prosperar una propuesta como la planteada, se vulneraría el principio de integridad territorial de los Estados; en este caso, la integridad territorial argentina.

En definitiva, pareciera que algunos, en su afán por diferenciarse, no dudan en mezclar, como sea, un poco de sociología, otro tanto de filosofía, algo de historia, una pizca de derecho y vestigios de literatura para intentar sentar una postura que, más allá de su repercusión mediática, carece de todo sustento jurídico, histórico y político.

Marcelo Guinle es senador nacional del Frente para la Victoria por Chubut y vocal de la Comisión de Relaciones Exteriores