El bloque solicitó esta medida por medio de su titular en Diputados, Ricardo Gil Lavedra, quien envió una carta a la ministra de Seguridad para que presente el informe de auditoría sobre esta base de datos, al mostrarse insatisfecho con la conferencia de prensa.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, solicitó a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que “disponga de las medidas necesarias para dar la mayor difusión posible y presentar en el marco de una audiencia pública el informe de auditoría ordenado días atrás respecto de la base de datos conocida como Proyecto X, cuya conclusión, según ha trascendido, sería próxima”.
Gil Lavedra formalizó su pedido a través de una carta dirigida a Garré, en la que sostuvo que “los hechos denunciados sugieren la posible existencia de prácticas ilegítimas que, de comprobarse, constituirían una interferencia injustificable de las fuerzas de seguridad en el ámbito de la autonomía personal de los ciudadanos. Las explicaciones ofrecidas, en consecuencia, no son suficientes y contradicen de plano las declaraciones del jefe de Gendarmería y la información acerca de la investigación en curso que ha trascendido a través de los medios de comunicación”.
“Resulta innegable que existe un interés social por conocer la verdad acerca de lo sucedido que no puede ser satisfecho sólo con una conferencia de prensa. La ministra pretende que confiemos en su palabra de que nada ha sucedido, pero no ha ofrecido ningún tipo de información para respaldar sus conclusiones. La Justicia, en efecto, es quien debe establecer si existió o no un proceder ilegítimo por parte de las fuerzas de seguridad. Pero la responsabilidad del Ejecutivo no se limita por la existencia de procesos penales, ni puede esconderse detrás de ella”, explicó Gil Lavedra.
El jefe de la bancada radical de diputados expresó: “Creemos que resulta necesario generar instancias que permitan un control más amplio del accionar de las fuerzas de seguridad por parte de la ciudadanía y a eso apunta nuestra solicitud. El avance del proceso penal seguramente insumirá un tiempo considerable y la negativa del gobierno a ofrecer mayores explicaciones podría encubrir la continuidad del problema. Por ello, hemos solicitado que se celebre una audiencia pública donde se difunda el contenido del informe y se pueda discutir acerca de sus conclusiones”.
