El bloque Unidad Popular manifestó su más profundo rechazo a la decisión gubernamental de presentarse como “querellante” en la causa judicial que investiga lo que ellos definen como “la masacre de TBA”.

“Resulta insólito que el mismo gobierno que ha hecho caso omiso de todas las advertencias efectuadas por diferentes sectores (políticos, sindicales, Auditoría General de la Nación, etc.) en relación con la vigencia de un modelo ferroviario que, construido en los noventa y nunca modificado, evidenciaba un notorio fracaso, pretenda hoy ocupar el lugar de las víctimas y eludir responsabilidades”, expresaron los diputados Claudio Lozano, Víctor De Gennaro, Liliana Parada, Antonio Riestra y Graciela Iturraspe.

Para ellos, “el Gobierno no sólo desoyó la necesidad de revisar las concesiones, tampoco aceptó derogar el decreto que declarando la emergencia ferroviaria en el 2002, posibilitó de ahí en adelante el incumplimiento expreso de las inversiones por parte de las concesionarias, y en ese contexto, expandió los subsidios a una tasa del 106 % anual de 888 millones (en el 2005) a 7477 millones en la actualidad. Subsidios que a su vez, fueron parte del paradigma de la corrupción representado por el otrora secretario de Transporte Ricardo Jaime y sus vínculos manifiestos con los hermanos Cirigliano, dueños de TBA”.

Así las cosas, exigieron dar de baja la concesión de TBA y desplazar al actual Secretario de Transporte, Juan Carlos Schiavi.