En vísperas del inicio del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires, diputados de la oposición expresaron su preocupación respecto de las intenciones oficiales sobre las cantidades de alumnos mínimos por aulas.
Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires solicitaron al Poder Ejecutivo de la Ciudad que el Ministerio de Educación suspenda cualquier iniciativa tendiente al cierre o fusión de cursos en los establecimientos educativos de enseñanza secundaria y acelere los pasos necesarios para la concreción del proceso de titularización de las horas cátedra y cargos votados recientemente por este cuerpo legislativo.
El pedido fue impulsado por la diputada María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular) y el diputado Tito Nenna (Frente para la Victoria).
Pidieron además que el Ministerio de Educación realice un estudio pormenorizado de las causas de desgranamiento o abandono escolar a fin de encontrar alternativas para aumentar la inclusión educativa de adolescentes y jóvenes en la Ciudad.
Al reiniciarse la actividad escolar en la segunda quincena de febrero, desde la Dirección General de Educación y particularmente desde la Dirección de Enseñanza Media del Ministerio de Educación se impartieron instrucciones para que los supervisores auditen el cumplimiento de un antiguo decreto Nº 1990/97 por el cual se establecen los criterios y cantidades de alumnos mínimos por curso. “Esta decisión política emanada de autoridades superiores del Ministerio de Educación llevó a los supervisores del área a recorrer las escuelas secundarias proponiendo el cierre y fusión de aquellos cursos con menos de 20 alumnos por aula, generando la consternación y el lógico malestar de toda la comunidad”, plantearon los legisladores en un pedido de informes.
“Las escuelas afectadas por baja matricula con cursos de menos de 20 alumnos, particularmente en la franjas horarias nocturnas y vespertinas o del turno de la tarde, albergan en su población estudiantil, adolescentes y jóvenes de muy diversas experiencias educativas y procedencias sociales, coincidiendo muchas veces los índices de vulnerabilidad social con mayores porcentajes de repitencia”, dijeron.
“La decisión del Ministerio de Educación de poner en marcha el ya varias veces cuestionado decreto del año 1997 para fusionar cursos, va en sentido contrario a todas las recomendaciones y principios de política educacional modernos. No se trata solamente de la pérdida de la fuente de trabajo de numerosos docentes interinos y suplentes, se trata de una definición conceptual del diseño de las políticas públicas en las áreas sociales y particularmente del derecho a la educación de esta franja etaria de la población”, agregaron.
