“La intervención a TBA es un buen primer paso, además hay que revisar la responsabilidad política”, expresó el Gen a través de un comunicado suscripto por el senador Jaime Linares, secretario general del partido, y Horacio Alcuaz, secretario adjunto. A juicio de estos, “ahora deberá el interventor investigar el destino de los fondos cobrados como subsidios y precisar porque no se cumplieron con las advertencias que los trabajadores, los usuarios y la propia CNRT hicieran sobre el calamitoso funcionamiento de los servicios”.

A través de un comunicado, señalaron que “estas investigaciones y las sanciones que correspondieran si la empresa hubiera incurrido en las faltas que se denuncia, son independientes del sumario judicial, de las pericias y de las eventuales condenas que pudieron corresponder por el trágico episodio de la estación Once”.

También son ajenas a ese proceso judicial las responsabilidades por “la desidia, los incumplimientos y las complicidades de algunos funcionarios con los manejos empresariales de TBA”, agregaron Linares y el ex diputado Alcuaz, quienes sostuvieron que “tendrán que responder por haber desoído las advertencias de la Auditoria General de la Nación, por no haber hecho caso de los reclamos de los legisladores de la oposición que proponían hace ya dos años investigar en forma inmediata los incumplimientos contractuales de TBA. Incluso tendrán que explicar porque transformaron en burda maniobra judicial contra el líder del movimiento de trabajadores del ferrocarril, las denuncias que los propios empleados de TBA hicieron públicas durante todos estos años”.

“Para eso no hace falta ni intervención ni peritajes judiciales, alcanza con que la Sra. Presidente revise la actuación de sus propios colaboradores que han ocupado despachos en el Ministerio de Planificación y la Secretaria de Transporte, y porque no en la Casa Rosada también”, concluyeron desde el Gen.