“Lo que corresponde es la rescisión, no la intervención de TBA”, aseguró el vicepresidente del Senado, Gerardo Morales, sobre la resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública e Infraestructura de intervenir por 15 días la empresa concesionaria del ferrocarril Sarmiento, a raíz de la tragedia que días pasados se cobró 51 muertos y numerosos heridos en la estación de Once.

Morales destacó que “la intervención no termina de definir la responsabilidad de la empresa. TBA SA por el accidente. Incluso, el Estado debería inmediatamente impulsar un embargo preventivo sobre sus bienes para asegurar los créditos de las víctimas”.

“Además, los fundamentos son lamentables y constituyen la mejor forma de eludir la responsabilidad del Grupo Cirigliano”, enfatizó el senador para quien “Julio De Vido es el responsable directo de la inacción del gobierno que debería haber rescindido el contrato hace mas de dos años. Solo este dato justifica el pedido de interpelación que hemos presentado en el Congreso desde el Bloque de Senadores Radicales hace una semana”.

Morales estuvo este martes en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario tomando vista de sendos expedientes que muestran cómo la CNRT había impuesto multas a TBA SA por falta de mantenimiento -incumplimiento de la Resolución 1770/2008- y el propio ministro De Vido mantuvo parado trámites lo que hecho que hasta ahora el Estado no haya exigido pagos.

“Sólo en una Resolución (Nº207/11) el grupo Cirigliano debió pagar $300.000 en multa por incumplimiento de la norma durante 2010”, explicó Morales a la salida del organismo. El senador se encuentra evaluando toda la información recabada tanto en la Secretaría de Transporte como en la CNRT.

También, el radical se presentó esta mañana ante el fiscal Federico Delgado, de la fiscalía N° 6 en lo Criminal Correccional Federal que entiende en la causa de la causa solicitando “se proceda al allanamiento y correspondiente secuestro de documentación relacionada con la concesionaria Trenes de Buenos Aires SA”, en especial expedientes referidos a la falta de mantenimiento.

“Seguimos preocupados de que desaparezcan pruebas que sirvan para determinar la responsabilidad del gobierno en la tragedia, por lo que insistimos en la necesidad de que la Justicia proteja documentación sensible”, aseguró Morales.

Atento a lo establecido en el Código Procesal Penal es el fiscal quien instruye el proceso, por lo que Morales requiere el allanamiento de oficinas y expedientes donde se podría verificar el cumplimiento o incumplimiento de las normas que la empresa debería seguir para el mantenimiento de los trenes que administra. En el mismo, sentido el senador jujeño requiere a la justicia que sean embargados los bienes de TBA SA, para resguardar “los derechos patrimoniales de la victimas del accidente”.