“La Auditoría tiene que estar legitimada por ley para ejercer acciones administrativas y/o judiciales, si funcionarios públicos sujetos a su competencia han producido daños en el patrimonio público. Además, tiene que poder actuar como querellante en caso de que hubiere responsabilidades penales emanadas del accionar incorrecto”, agregó la senadora mendocina Laura Montero.

Asimismo, la legisladora nacional expresó que “al tener mayorías en ambas cámaras, el oficialismo no solo no ha permitido el tratamiento en el recinto de los informes de la AGN, sino que tampoco ha dado lugar al tratamiento de leyes esenciales a su funcionamiento; incumpliendo con lo estipulado en el artículo 85 de la Constitución Nacional”.

Finalmente, Laura Montero sostuvo que “muchos de los problemas con los que nos enfrentamos, son producto de una mala gestión de gobierno en materia de servicios, energía y economía, y tienen graves implicancias sociales; por lo tanto tienen que tener responsables y sanciones. La Auditoría General de la Nación debe poder contribuir a alcanzar esos objetivos, teniendo en cuenta las auditorias e investigaciones y el resultado de esas tareas, actuando en forma directa. De esta forma se robustecerá el rol de control del Congreso al que pertenece, control indispensable para evitar la impunidad, vigilar a los poderosos y alcanzar los objetivos de la Republica”.