Los diputados Paula María Bertol, Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Gabriela Michetti, Julián Obiglio, Gladys González, Cornelia Schmidt Liermann, Omar De Marchi y Roberto Pradines formularon una denuncia por mal desempeño, en los términos de los artículos 53 de la Constitución Nacional y 25 de la ley Nº 24.937 del Consejo de la Magistratura, respecto del señor juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, Norberto Mario Oyarbide.

Los legisladores solicitaron la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, su suspensión en el ejercicio del cargo y que se formule la acusación correspondiente, en los términos del inciso 5º del artículo 114 de la Constitución Nacional.

Por último, requieren la destitución del acusado, en los términos del artículo 115 de la Constitución Nacional.

El planteo se basa en los fundamentos por los cuales el juez Oyarbide declaró inválidos como prueba los correos electrónicos obtenidos de las computadoras secuestradas al asesor Manuel Vázquez, en la causa contra Ricardo Jaime, por enriquecimiento ilícito.
En el escrito mencionan la “torpeza y negligencia” con que el juez Oyarbide se ha desenvuelto en esta causa y que “no habrá verdad, justicia ni castigo al delincuente, si el juez que debe velar por el buen desarrollo del proceso penal, se limita a ser un mero espectador de la impericia con que se lleva adelante la pesquisa de prueba en la etapa de instrucción”.

Agregan que “la responsabilidad primera y fundamental de Oyarbide era llevar adelante de modo eficiente y rápido el proceso, estando pendiente de las pesquisas de pruebas ordenadas, con rapidez, profesionalidad, y un control estrecho de modo de garantizar la integridad de los elementos de prueba obtenidos. Nada de esto ocurrió a juzgar por el resultado final que hoy cuestionamos”.

“Nos impulsa un inclaudicable ánimo de buscar la verdad, obtener justicia y condenar a los funcionarios corruptos en este país, pero siempre dentro de la ley, siempre con la seguridad de que las garantías procesales hayan sido debidamente custodiadas por quienes tienen la alta responsabilidad de hacerlo”, continúa la presentación.

Además, los firmantes del pedido de juicio político recordaron que “no podemos dejar de advertir que Oyarbide no es cualquier juez, es un juez que ha sido reiteradamente protegido por el poder político, basta recordar aquella sesión vergonzosa del 11 de septiembre de 2001 en el cual se rechazó su juicio político, y las reiteradas denuncias presentadas ante el Consejo de la Magistratura en los últimos años”.

Finalmente afirmaron que “si permitimos que jueces como Oyarbide sigan al frente de un juzgado estaremos facilitando que la impunidad y la corrupción sigan indemnes en este país, y eso es algo que nosotros no podemos consentir”.