La titular del bloque GEN quiere que Diputados investigue si han existido violaciones a las normas de Seguridad, Información e Inteligencia, desde el 2003 hasta la fecha. El organismo a crear debería elevar en 90 días un informe final para precisar las responsabilidades políticas.
Después que la ministra Nilda Garré reconociera la existencia del Proyecto X dentro de su área, el bloque Gen considera necesario investigar sobre los verdaderos alcances del mismo. La titular del bloque, Margarita Stolbizer, expresó que “no es cierto que solo se utilice para información criminal. Las causas judiciales muestran los elementos recopilados por la Gendarmería espiando dirigentes sociales para luego incriminarlos, pese a que son actividades expresamente prohibidas por la ley. Al Gobierno se le cae la careta del progresismo para dejar demostrado su voluntad de criminalizar la protesta social, de la mano del proyecto X y de la ley antiterrorista. Se ha puesto al desnudo un mecanismo de vigilancia y control que es ilegal y por eso toda la información y documentación ilegítimamente obtenida, debe ser destruida”.
Stolbizer propuso crear en el ámbito de la Cámara de Diputados una Comisión Especial cuyo objeto será identificar la realización de operaciones de inteligencia, investigación, registros fotográficos y de videos, y cualquier otra actividad vinculada con la vida y actividades de las personas, por parte de las Fuerzas de Seguridad, dependientes del Ministerio de Seguridad.
La comisión -promovida en el proyecto que se presentó este martes- investigará si han existido violaciones al sistema normativo en materia de Seguridad, información e inteligencia Nacional, en operaciones realizadas desde 2003 a la fecha. En un plazo de 90 días la Comisión deberá elevar un informe final donde se precisarán las responsabilidades políticas que pudieren emerger de la investigación.
Para Stolbizer, “desde el Poder Ejecutivo, y en particular el Ministerio de Seguridad, se pretende minimizar la cuestión y encuadrarla en un procedimiento de rutina. Sin embargo, el accionar de la Gendarmería –y potencialmente de otras fuerzas y organismos públicos- resulta violatorio de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, que sólo permite a las fuerzas de seguridad realizar tareas dirigidas a esclarecer ilícitos y es taxativa al prohibirles (en su artículo 4 inciso 2) “la búsqueda de información, la producción de inteligencia o el almacenamiento de datos sobre personas por su opinión política o por su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”, como es el caso.
