El diputado nacional Gustavo Ferrari manifestó su desacuerdo con la decisión del juez Claudio Bonadío de aceptar al Gobierno como parte querellante en la causa penal que investiga la tragedia ferroviaria de la estación de Once y manifestó que “esta decisión judicial no va a tener otro efecto que el de responder a la intención del Gobierno de enturbiar y dilatar el proceso y dificultar la determinación de las claras responsabilidades de los funcionarios, procurando otra vez garantizar su impunidad”.

“La consideración del Estado como víctima y su rol de querellante sin lugar a dudas obstruirá además los justos pedidos de indemnización que las verdaderas víctimas reclamarán al Estado como responsable solidario con TBA. Mal puede indemnizar alguien que es considerado también una víctima”, opinó el legislador nacional.

Y expresó que “no se advierte el carácter de víctima del Estado en tanto tiene la responsabilidad y los medios para controlar la prestación de un servicio público para evitar este tipo de tragedias y no ha ejercido con éxito esa obligación, aún pese a estar advertido en reiteradas oportunidades de las distintas irregularidades”.

Los eventuales perjuicios que pueda sufrir el Estado debieron ser protegidos antes del accidente, con sanciones y, eventualmente, la rescisión de la concesión. Si ello se hubiera ejercido con firmeza y responsabilidad, la tragedia no hubiera ocurrido. Victimizarse por los hechos de alguien al que se debía controlar y no se lo hizo carece de toda lógica””, enfatizó el diputado del bloque Frente Peronista.