La referente de la Coalición Cívica Elisa “Lilita” Carrió presentó este lunes un proyecto de juicio político contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, “por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”. La iniciativa cuenta además con las firmas del titular del bloque de diputados de la CC, Alfonso Prat Gay, y de la legisladora chaqueña Alicia Terada.

En el texto, los diputados identifican a De Vido “como el responsable directo de una política errónea en la inversión pública en materia ferroviaria, cubierta de sospechas por sobreprecios y casos de corrupción, que provocaron una crisis en el sector y el consabido deterioro del sistema, poniendo al descubierto la falta de implementación de programas y políticas eficaces que permitan un mejoramiento del servicio y se garantice la seguridad de los usuarios”.

Se muestran “convencidos de la ausencia de controles por parte de los organismos a su cargo, lo que puso en riesgo la vida y la salud de los usuarios del servicio ferroviario y la existencia de un deficiente control del sistema de subsidios, contrataciones y ejecución de obras”. Además, señalan que “a los largo de los últimos ocho años se han detectado rembolsos por obras inexistentes mediante la utilización de empresas irregulares y se han verificado contrataciones realizadas por fuera de las normas que regulan las contrataciones públicas y las buenas prácticas administrativas”.

Así las cosas, la CC entiende que el Ministerio de Planificación “ha sido permisivo con los incumplimientos de los concesionarios, ineficaz en su rol de controlador de la prestación efectiva del servicio e ineficiente en su labor de sancionar a las concesionarias”.

“Consideramos que el arquitecto Julio De Vido incumplió, en el ejercicio del Ministerio a su cargo, con el deber legal de controlar el correcto funcionamiento de la red de transporte ferroviario a cargo de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), omisión que culminó con la tragedia ocurrida en la estación Once el pasado 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas y heridas a más de 600”, sostienen los diputados entre los fundamentos de la iniciativa.

En este sentido, la CC remarca que el funcionario incumplió con sus “deberes” ya que “no ejecutó leyes cuyo cumplimiento se encuentran en cabeza de la cartera que tiene a cargo” y porque desoyó a la Auditoría General de la Nación quien advirtió desde 2008 “sobre diferentes irregularidades en que incurrió la empresa TBA en su carácter de concesionaria del ex Ferrocarril Sarmiento”.

Por otro lado, los legisladores consideran necesario una investigación “sobre el manejo y distribución de los fondos provenientes del erario público”, ya que, pese a las advertencias de la AGN, el Estado Nacional continuó otorgándole subsidios a TBA “sin controlar la forma en la que estos fueron gastados”.

“Nótese que pese a la existencia de las irregularidades largamente descriptas en dichos informes (de la AGN), que ameritaban la quita de la concesión a TBA u otras sanciones, la empresa fue beneficiada con cuantiosas sumas de dinero público sin control alguno y la adjudicación de nuevas contrataciones con el Estado Nacional, situación que a nuestro entender configura el delito de Fraude a la Administración Pública”, dice el proyecto.

En este marco, la CC sostiene que “así como se hizo durante las presidencias de Carlos Menem, la gestión de Julio De Vido al frente del Ministerio de Planificación, repitió el viejo esquema prebendario mediante la entrega de negocios a empresas cercanas, con millonarios subsidios, deficientes controles, empresarios impunes y usuarios inseguros”.