El abogado constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que “nosotros les pagamos a los políticos para que satisfagan las necesidades de la gente. Hay que analizar si el Congreso tiene como potestad la posibilidad de imponerle la recepción unilateralmente de un servicio público a una provincia o municipio. No veo que ninguna de las facultades del Congreso, a partir del artículo 75 de la Constitución, que pueda hacer algo así”.

En declaraciones a radio El Mundo, el letrado señaló no obstante que “el acta que hicieron el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad le obliga a recibir los subtes debido a que el jefe de gobierno ejerció parte de la potestad que le daba el acta cambiando el cuadro tarifario. La propiedad no se cede debido a que es una propiedad estatal. Cuando se privatiza una empresa o un servicio lo que le queda al estado es el poder de fiscalización”.

A su juicio, “se debió haber laborado en el acta convenio de que el mismo no se podría haber llevado adelante sin el consentimiento o la aprobación de la Legislatura”.