La arrasadora victoria de Cristina Fernández en octubre pasado tuvo un doble valor. Por un lado, el fabuloso espaldarazo que significó para la gran ganadora de las elecciones ese 54 por ciento obtenido; por el otro, se tradujo en el número suficiente de legisladores para dominar ambas cámaras.

En eso pensaba la Presidenta cuando lapicera en mano se preocupaba personalmente por el armado de las listas legislativas de todos y cada uno de los distritos. Hoy las consecuencias de ese objetivo están a la vista: el kirchnerismo ha elegido al Parlamento para desarrollar allí los trazos principales de sus estrategias y peleas.

El primer día hábil del período ordinario de sesiones ya había mandado un proyecto clave para el manejo económico de los tiempos por venir: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que le permitirá sortear los nubarrones financieros que el oficialismo vislumbraba en el horizonte. Promediando la primera semana, trasladó al Parlamento su pelea con Mauricio Macri.

Para entonces ya había logrado habilitar el proyecto sobre el BCRA para llevarlo al recinto de la Cámara baja el próximo miércoles. Ese día, o el siguiente, tendrá dictamen el traspaso de subtes y colectivos a la Ciudad de Buenos Aires, cuestión de llevarlo al recinto del Senado el miércoles 21.

Como un ejército eficaz, el kirchnerismo avanzó en el Congreso por sus dos flancos: el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA ingresó por Diputados, y para no distraer esfuerzos, el traspaso del subte lo hizo por el Senado. En poco más de un mes ambas iniciativas serán ley.

Para la primera iniciativa se presentó en el Congreso la titular del Banco Central, quien por raras circunstancias que sólo CFK conoce todavía no ha sido ratificada por el Senado en su cargo. Podía haberlo hecho el año pasado, pero la Presidenta frenó esa confirmación y hasta que eso no suceda, ella puede removerla del puesto. Mercedes Marcó del Pont fue el miércoles a la Cámara baja y contrariamente a lo que se había establecido en un principio, el kirchnerismo dio dos señales positivas. Permitió que la funcionaria respondiera preguntas de la oposición, y dejó para el día siguiente la aprobación de su dictamen; no habría así tratamiento “exprés”.

Pero el proyecto incluía una sorpresa: del original, se modificó el artículo 20 de la Carta Orgánica del BCRA, por lo cual los adelantos del Tesoro Nacional se podrán incrementar de un 10 a un 20 por ciento en un plazo de 18 meses, en forma excepcional. Con ello, se puede ampliar el financiamiento en por lo menos 45.000 millones de pesos, además de las reservas.

Marcó del Pont no sólo no había transparentado esa modificación, sino que la había negado, puntualmente. Y por la forma enfática con que lo hizo, todo indicaría que en efecto no sabía de la misma. Se habla de un pase de facturas para semejante omisión.

Sí fue sincera Marcó del Pont al admitir que el gobierno piensa hacer uso de las reservas para pagar deuda a los efectos de evitar tener que hacer un ajuste. Pero el cambio del mentado artículo 20 implica, según advierten la oposición y los economistas críticos, que se podría dar rienda suelta a la emisión de dinero, generando en consecuencia más inflación. “Se quedaron sin caja”, remarcó ante este medio un diputado opositor que meneó la cabeza de lado a lado cuando se le preguntó si eso podría llegar a modificarse en el recinto.

El otro proyecto corresponde a la escalada que se está emprendiendo por estos días contra el gobierno de la Ciudad. El manual básico del kirchnerismo establece que siempre debe haber un enemigo con el cual pelear y habrá que buscar con lupa para encontrar algún momento en el que no haya habido uno. Desde que en sus primeros días presidenciales Néstor Kirchner eligió a Julio Nazareno -el presidente de la Corte menemista-, así desfilaron uno tras otro políticos, empresarios y corporaciones. Este año aparecieron en la línea de fuego David Cameron, YPF y, sobre todo, Mauricio Macri, merecedor de una prolongada arenga durante la Asamblea Legislativa. Varios funcionarios se sumaron a la embestida.

Previsiblemente, la pulseada por el traspaso de los subtes se judicializó, y en ese marco la Presidenta sorprendió anunciando el envío de un proyecto al Congreso para darle un marco legal a su decisión. Algunas voces aventuraron que el acta firmada entre la Nación y la Ciudad en los primeros días de enero podría tener puntos flojos, razón por la cual la Presidenta buscó darle al tema solidez por la vía legislativa; pero un constitucionalista consultado por este medio sugirió que de cualquier modo la medida de Mauricio Macri de elevar el valor de la tarifa del subte convalidaba la validez de ese acta, por lo que le sería muy difícil revertirla en los tribunales.

Con todo, el tema lejos está de aclararse, pues paralelamente al tratamiento del proyecto en el Congreso, otra ley avanzará en la Legislatura porteña, donde el PRO es primera minoría. Habrá dos bibliotecas para hacer interpretaciones para todos los gustos, y todo indica que los caminos terminarán conduciendo a la Corte.

Como con el BCRA, el proyecto oficialista también aquí tuvo una sorpresa, al incluir en el traspaso a las líneas de colectivos. No se habla en el proyecto del tema subsidios, pero debe interpretarse que una eventual transferencia no los contemplaría. Cabe recordar que los únicos transportes automotor subsidiados por la Nación corresponden a la Capital Federal y el Conurbano. En todo el interior no es así, razón por la cual se repite el veraz latiguillo de que los habitantes de las provincias pagan las rebajas en el transporte de los porteños y habitantes del GBA. Lo mismo sucede con los demás servicios.

Tal cual pasó con los subtes, Macri fue rápido en avisar que sin subsidios, el pasaje de colectivos podría llegar a costar 4 pesos. ¿Cuánto vale en el interior? En la capital cordobesa acaba de ser aumentado el boleto de 2,50 a 3,20. Los servicios diferenciales cuestan $6,40. Junto con la suba autorizada por el Concejo Deliberante cordobés, el intendente radical Ramón Mestre avisó que dejaría de aportar los subsidios que hasta ahora recibieron las dos empresas privadas que hoy prestan el servicio allí.

Los empresarios de las 33 líneas de colectivos que operan en la Ciudad de Buenos Aires contemplan atribulados el desarrollo de esta pulseada. De repetirse el esquema usado con los subtes, la Nación podría el aporte de sólo una parte de los mil millones que hoy destina al sector, por un tiempo perentorio.

El gobierno nacional encontró esa hendija y postergó para mayo anuncios de nuevos valores para los usuarios del transporte que no cuenten con la tarjeta SUBE, pues viene repitiendo que quienes la tengan no sufrirán variaciones. Para entonces se verá cómo habrá decantado el traspaso de los colectivos a la órbita porteña. De hacerse cargo la Ciudad de los mismos -un viejo tema que forma parte de la autonomía siempre demandada- la primer medida que podría estar anunciando Macri sería, igual que con el subte, un aumento del pasaje. De llegar a 4 pesos, implicaría más de un 350 por ciento. Demasiado desgaste.