Los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Paula Bertol, Eduardo Amadeo y Ramona Pucheta presentaron un proyecto de resolución paralelamente a la causa judicial, en el que acusan al vicepresidente de la Nación de “mal desempeño como funcionario público”, por un eventual tráfico de influencias en el manejo de la imprenta. Tras un confuso episodio, el radicalismo decidió no avalar la medida, con la excepción de la firma de Oscar Aguad.
En paralelo al curso de la causa de la exCiccone Calcográfica, los diputados opositores Patricia Bullrich (Unión por Todos), Eduardo Amadeo (Frente Peronista), Ramona Pucheta (Socialista del MIJD), Federico Pinedo y Paula Bertol (Pro) presentaron un pedido de juicio político al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, convencidos de su intervención en el levantamiento de la quiebra de la imprenta.
El proyecto de resolución, que acusa al titular del Senado de “mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, llevaba en un principio las firmas de los diputados radicales Oscar Aguad, Jorge Chemes y Juan Casañas, a pesar de que ninguno de ellos estuvo presente en la presentación.
Aguad adhirió a la iniciativa “a título personal”, ya que desde el entorno de Ricardo Gil Lavedra fundamentaron que “no se puede juzgar al actual vicepresidente por algo que habría cometido cuando era ministro de Economía”.
Según Bullrich, “hubo una serie de hechos que llevan a determinar que la conducta de Boudou fue de mal desempeño como funcionario público” ya que “todo estaba encaminado a que Ciccone quedase en manos de un grupo de amigos”.
La diputada sostuvo que “un funcionario debe separar las cuestiones personales” y aclaró, en relación a la eventual impresión de boletas del Frente para la Victoria para las elecciones primarias en manos de la empresa, que “no pueden ser tercerizados los servicios”.
Por su parte, Pinedo apuntó que debe haber “una instancia para que los representantes del pueblo le den una respuesta al pueblo que los votó”. El legislador recordó que el mismo día en que Boudou negó haber accionado directamente a favor de la empresa, trascendió una nota –firmada cuando el vicepresidente aún era ministro de Economía- en la que habría instruido a la AFIP a fin de concederle a la imprenta la condonación de sus deudas.
A continuación, Amadeo explicó: “Hemos analizado cada paso de esta historia y estamos totalmente convencidos de la participación de Boudou” en el caso Ciccone, al tiempo que agregó: “Estaríamos muy contentos de tener un vicepresidente honesto. Queremos que cambie la cultura del ocultamiento político en la Argentina”.
“Queremos que se aclare esto de una vez por todas. No estamos de acuerdo con el amiguismo”, criticó Pucheta, en relación al supuesto vínculo entre Boudou y el director de la exCiccone, el monotributista Alejandro Vandenbroele.
Teniendo en cuenta las pocas posibilidades de que este juicio político prospere, debido a la mayoría oficialista en ambas cámaras, Bertol consideró: “Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer más allá de que los números no den”.
Cabe recordar que se necesita la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes en ambas cámaras para llegar al juicio que podría destituir al acusado.
Estos mismos diputados habían presentado días atrás un pedido de informes al Poder Ejecutivo, donde exigían conocer aspectos sobre el levantamiento del pedido de quiebra de la empresa –hoy Compañía Sudamericana de Valores-, la posterior adjudicación al grupo The Old Fund y las negociaciones del Banco Central para la contratación de la impresión de papel moneda.
