Diputadas nacionales y porteñas destacaron la importancia de la resolución del Máximo Tribunal que confirma la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut autorizando a una adolescente a interrumpir un embarazo producto de una violación.
Previsiblemente el fallo de la Corte Suprema de Justicia que permite el aborto en caso de violación despertó la ponderación de legisladores de todos los sectores.
La radical Maria Luisa Storani consideró que “es fundamental ya que ese pedido es constante y afecta los derechos de las mujeres”. Remarcó que “el fallo ratifica que no es necesaria una autorización para la práctica de aborto, permitido en el artículo 86 del Código Penal. Estaremos atentos a la implementación de esta sentencia en todo el territorio de nuestro país para que nunca más ningún juez estigmatice mujeres y niñas, y las condene a una vida de exclusión y sin derechos”.
A su vez, Victoria Donda dijo que “este fallo lo esperábamos desde hace años, porque cientos de mujeres padecían una situación de doble victimización, que de ninguna manera debían soportar ya que la ley así lo planteaba con total claridad”. Por otro lado, a legisladora del FAP, agregó que “es muy importante que los miembros de ese tribunal supremo del país hayan fundamentado con sólidos argumentos que la anterior situación de duda con respecto a cuando las mujeres podían interrumpir su embarazo producto de una violación no siendo idiota o demente, equivalía a someter a las mismas a una exigencia adicional, cuando la ley ya las habilitaba para tomar esa decisión”.
Por ultimo, la diputada Donda apuntó: “Es un paso muy importante que a partir de ahora los hospitales públicos deban garantizar y no judicializar los abortos no punibles y a su vez, el Estado, velar para que así sea. Además, es un antecedente muy importante para empezar a discutir una legislación total de los embarazos no deseados para todas las mujeres, mostrando que no se trata de un problema penal sino de salud pública. Es inconcebible que muera una mujer cada dos días por abortos clandestinos. No se debe dejar pasar más tiempo. La clandestinidad pone en riesgo nuestra salud, nuestra libertad y nuestra vida”.
A su vez, la legisladora porteña María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, saludó “expresamente” la medida, que “viene a saldar un debate hipócrita y restrictivo profundizado por los sectores conservadores”.
“Es un hito histórico que va a permitir que miles de mujeres de nuestro país, especialmente las de menos recursos, puedan acceder al derecho a interrumpir sus embarazos, sin sufrir ningún tipo de persecución social ni impedimentos judiciales”, aseguró la diputada del Frente Progresista y Popular.
Además, Naddeo presento el proyecto de declaración para que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declare su beneplácito por el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Desde hace años necesitamos acabar con la judicialización de los abortos no punibles. La Corte Suprema hizo justicia con las mujeres”, señaló en tanto María José Lubertino. Al mismo tiempo, sostuvo que la Argentina “estaba en deuda por la privación de derechos de las mujeres en materia de salud, dada la intervención de grupos fundamentalistas religiosos en la política, en el sistema de salud y en la justicia. Nuestro país tenía observaciones y recomendaciones de organismos internacionales de DDHH recurrentes: el Comité de DDHH, la CEDAW y el Comité por los Derechos del Niño/Niña”.
“Ahora esperamos que, enmarcados en esta jurisprudencia de la Corte, podamos dar un paso más con el debate pendiente de la legalización del aborto”, sostuvo la legisladora porteña.
