El pleno de la Cámara baja se reúne en el recinto para poner a consideración cinco dictámenes referidos a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A continuación, parlamentario.com expone las características principales de las iniciativas.

Frente para la Victoria

En su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó un adelanto de parlamentario.com: el pedido puntual de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central: “Es un tema que ya veníamos trabajando y que le pone un punto final a la política de convertibilidad”, afirmó Cristina, quien consideró “no necesaria” la reforma de la Ley de Entidades Financieras, a pesar de que el bloque que impulsa este proyecto es uno de los aliados más fieles del kirchnerismo: Nuevo Encuentro.

Pese al punto final anunciado para la convertibilidad, el proyecto presentado por el Ejecutivo no contempla la anulación total de la Ley de Convertibilidad, sino sólo los artículos que permiten determinar el nivel de reservas de libre disponibilidad.

El proyecto de ley otorga al Directorio de la entidad un poder más discrecional y facultades más amplias para la regulación del crédito y concentra también un mayor control sobre la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Autoriza al Directorio de la entidad para “regular la cantidad de dinero y regular y orientar el crédito”, junto a las condiciones de los mismos “en términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reserva, encajes diferenciales u otros medios apropiados”.

Según se desprende del texto del proyecto enviado por el Ejecutivo, la reforma parcial mantiene inalterable no sólo la “inembargabilidad” de las reservas, sino también las modificaciones al Código Civil que prohíben la indexación de los contratos y permiten la posibilidad de hacerlos en dólares.

La iniciativa anula dos artículos y la sustitución de un tercero de la Ley 23928 de 1991, todos ellos reformados por el Decreto 1599 de Néstor Kirchner en 2005. La nueva norma deroga los artículos 4 y 5 por los cuáles las reservas del Banco Central estaban afectadas “hasta el ciento por ciento de la base monetaria”, y donde se define que las que exceden ese nivel son “de libre disponibilidad”.

Al artículo número 6, sólo se lo reforma y aunque se mantiene la “inembargabilidad” de las reservas, se faculta al directorio a ejercer la potestad que le confiere la Carta Orgánica reformada en su artículo 14, inciso q, en cuanto a determinar “el nivel de reservas para la ejecución de la política cambiaria, tomando en consideración la evolución de las cuentas externas”.

El artículo reformado establece que “las reservas excedentes se denominarán de libre disponibilidad”. El nuevo artículo 6 de la ley de convertibilidad establece que “siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos internacionales o de deuda externa oficial bilateral”.

Respecto del control de las entidades del sistema financiero para evitar la concentración, los cambios avanzan hacia un control más estricto de los mecanismos de fondeo de las entidades. El BCRA “no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo”, mientras que pide la “autorización expresa” del Congreso Nacional para “asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condcionarlas, restringirlas o delegarlas”.

Se flexibilizan a los bancos las garantías necesarias para poder acceder a los redescuentos, en especial, a aquellos destinados a la inversión productiva.

La iniciativa introduce como cambio fundamental la supresión de la cláusula no remunerativa de los encajes, los que deberán constituirse en cuentas a la vista del BCRA.

El proyecto autoriza al Banco Central a elaborar sus balances y estados contables de manera diferente al resto de las entidades financieras y de las normas internacionalmente adoptadas por el solo hecho de “su condición de autoridad monetaria”.

Respecto de la supervisión de las entidades, a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias la nueva Carta Orgánica le quita las facultades normativas y le dejan sólo las funciones de aplicación de la ley.

El proyecto cambia totalmente y suprime la facultad de informar sobre la marcha del balance de pagos y las cuentas nacionales reduciendo su rol al siguiente: “El Banco deberá publicar antes del inicio de cada ejercicio anual sus objetivos y planes respecto del desarrollo de las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. De producirse cambios significativos en sus objetivos y planes, el Banco deberá dar a conocer sus causas y las medidas adoptadas en consecuencia. El Banco podrá realizar investigaciones y promover la educación financiera y actividades sobre temas de interés relacionados con la finalidad que le asigna esta Carta Orgánica”.

Además, se modifica del artículo 20 de la Carta Orgánica del BCR para habilitar a la entidad a aumentar los adelantos transitorios al Gobierno Nacional del 10 al 20 por ciento de la recaudación, es decir, alrededor de 40 mil millones de pesos.

Dictamen de la CC, UCR y PFF

El diputado Alfonso Prat Gay fue el encargado de elaborar los puntos centrales del dictamen de minoría firmado por la Coalición Cívica, y al cual adhirieron el radicalismo y la diputada Liliana Fadul del Partido Federal Fueguino. El extitular del BCRA dijo que su propuesta gira en torno a cinco ejes:

Mayor federalismo. Prat Gay consideró que la entidad debe ser federal y no central, dándole representación a las provincias en su directorio. Según esta propuesta, los directores aumentarían de 10 a 11, de los cuales tres continuarían siendo designados por el PEN pero el resto serían nombrados por seis regiones agrupadoras de los distritos federales.

Mayor control parlamentario. El dictamen busca controlar a los funcionarios de la entidad no elegidos por el pueblo. Propone en ese sentido la creación de una Comisión Bicameral de Registro Monetario y Financiero, al cual se le informen los programas y metas, de modo tal que el BCRA de cuentas al Parlamento. Prat Gay cuestionó en este marco al proyecto del PEN, por considerar que “le da más facultades a los técnicos”.

Ley de Convertibilidad. Se propone derogar los artículos 4, 5 y 6 de dicha norma, que hacen referencia al mantenimiento de un nivel fijo de reservas en función de la base. Se elimina así la definición de reservas de libre disponibilidad y finalmente mantiene la embargabilidad de las reservas, pero lo incorpora al texto de la Carta Orgánica de la entidad.

Entre otras cuestiones, el dictamen de la CC, UCR y PFF, establece que el BCRA deberá publicar el nivel mínimo de reservas; que se deberá crear un consejo de protección al consumidor y a la competencia; y que tenga los mismo privilegios de cualquier bonista.

Dictamen del FAP

El dictamen del Frente Amplio Progresista firmado por el economista Claudio Lozano apunta principalmente a “terminar con los vestigios del neoliberalismo”.

El diputado planteó desde un primer principio que “en caso de haber reservas el destino debe ser la inversión productiva, como objetivo prioritario”, y no la deuda pública. Además, Lozano insta a investigar la legitimidad de la deuda con el Club de París para discernir sobre el pago o no de la misma, argumentando que el 54 por ciento de dicho compromiso tuvo su origen durante la última dictadura cívico-militar.

Al igual que la CC, el dictamen busca dotar de un carácter federal al BCRA para que las provincias tengan parte en el directorio; que se presenten planes financieros; y que se rompa la relación fija de reserva y base monetaria de la Ley de Convertibilidad.

Dictamen del Pro

El dictamen firmado por el macrista establece que el BCRA debe “preservar el valor de los salarios de los argentinos de la inflación” así como los ahorros. Al igual que se manifestaron los otros bloques, el bloque consideró necesario el establecimiento de parámetros para las reservas mínimas