Tanto en el Gobierno nacional y porteño vislumbran que la Corte Suprema de Justicia dirimirá el conflicto planteado por el traspaso del subte y el Premetro a la jurisdicción local. Entretelones del caso.
Por César Montenegro
El Gobierno nacional y porteño coincidieron en que será la Corte Suprema de Justicia la que deberá zanjar la disputa por el fallido traspaso del subte y el Premetro al ámbito capitalino, aunque no cesan los cruces de críticas y cuestionamientos entre ambas administraciones.
Esta conflictiva relación entre ambas jurisdicciones tiene un largo recorrido con un sinnúmero de roces y hasta de enfrentamientos, desde el inicio del Gobierno de Mauricio Macri; pero la contienda se embebió de mayor hostilidad cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió su cargo de primera mandataria y empeoró aún más desde aquél 7 de diciembre de 2010 con los incidentes del Parque Indoamericano que se cobrara tres víctimas. Fue a lo largo de esa jornada nefasta que Macri comenzó a “descubrir la quinta pata al gato”.
El conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso del Subterráneo y el Premetro culminó en la Justicia, con demandas entre ambas partes tras los acuerdos firmados -según se alude- en las presentaciones realizadas.
El Gobierno porteño realizó el pasado 5 de marzo una presentación judicial ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo Número 3 para que la Justicia se expida acerca de la situación de los subtes. El escrito ingresado en Tribunales solicita, en base “a constantes incumplimientos”, un “no innovar” para que el Estado nacional se abstenga de realizar cualquier acto que implique la transferencia del servicio del subte y demás medios de transporte que generaron la disputa.
Ante ello -el 6 del corriente mes- la Nación decidió responder al amparo que la Ciudad había presentado e hizo dos presentaciones simultáneas en el fuero Contencioso Administrativo: una medida cautelar, para que se congele el conflicto en el estado de situación actual hasta tanto se defina el fondo de la cuestión y una segunda, en forma de demanda de cumplimiento de contrato.
La presentación fue realizada por el subsecretario Legal del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens.
Esencialmente ambas presentaciones refieren a la necesidad de “iniciar formal demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” con el fin de “compeler al efectivo cumplimiento del acta acuerdo de Transferencia de los Servicios de Transporte Subterráneo y Premetro suscripta el 3 de enero de 2012 entre el Estado nacional y la Ciudad”. Además, se solicitó ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal que “se condene al Gobierno de la Ciudad a cumplir en forma inmediata con el acta acuerdo referida que fuera suscripta” y que “en forma inmediata proceda a cumplir con su obligación como concedente” del servicio de subte y Premetro.
¿La Corte mediará?
Ante esta realidad conflictiva, el kirchnerismo apuntará a instalar la idea de que, si no hay salida política o judicial en primera o segunda instancia, el caso podría ser resuelto por la Corte.
Al respecto la vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal sostuvo: “Esperemos que no, esperemos que se resuelva antes. Si bien la Corte es independiente, no me corresponde a mí decir cómo termina esto, aunque nos asiste la razón”.
La probabilidad de recurrir a la Corte había sido esgrimida por el vicepresidente Amado Boudou, apenas el jefe de Gobierno anunció por conferencia de prensa que rechazaba la transferencia. Tras ello en el entorno del ministro de Planificación, Julio De Vido, sugirieron lo mismo. También, la agencia oficial de noticias Télam reprodujo un cable con la participación del senador Aníbal Fernández en una charla en la escuela de periodismo TEA en la que el ex ministro aseguró que “esta larga novela tendrá su capítulo final en la Corte”.
“Esta demanda se va a terminar de dirimir en la Corte. No creo que haya sanciones, pero sí se va a definir claramente a quién le corresponde la conducción del subte y, por lo tanto, quién debe hacerse cargo de la responsabilidad que conlleva”, había remarcado Fernández en la ocasión.
Empero, tras la presentación judicial del Gobierno porteño en el fuero Contencioso Administrativo, la Nación debió reformular su estrategia original y decidió replicar en el mismo fuero para contrarrestar un posible amparo a favor del macrismo.
En ese marco, días atrás un ministro de Macri recordaba ante Semanario Parlamentario un hecho que ahora muchos en el PRO lamentan: el 28 de diciembre, en la última reunión de Gabinete, el jefe de Gobierno les preguntó a sus ministros si estaban de acuerdo con aceptar el servicio. Salvo uno, todos dijeron que no, “que la Nación iba a traicionar las reglas”.
Traspaso con “yapa”
En una decisión que tomó por sorpresa al Ejecutivo porteño, CFK decidió incluir en el proyecto del traspaso del subte y Premetro que envió al Congreso la transferencia de las 33 líneas que circulan íntegramente dentro de la órbita de la Ciudad y el tranvía de Puerto Madero. Esta movida política del kirchnerismo abre un capítulo más en el conflicto que enfrenta a la administración K y macrista, luego de que el líder del Pro, aceptara que se debatiera el tema de los subtes en el Parlamento. Sin embargo, rechazó la medida de Nación y dijo que sin subsidios, el boleto “se iría arriba de los 3,50 o 4 pesos”.
La iniciativa del Gobierno nacional -ya logró dictamen de la Cámara alta- señala que “corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros a nivel subterráneos y Premetro, de transporte automotor y tranvía”, por lo que las líneas de colectivo que operan dentro de los límites de la Capital, son 33, y el Tranvía de Puerto Madero también pasan a la administración porteña.
En un contexto normal, la transferencia del transporte a la órbita porteña podría entenderse como un paso más de la autonomía (inconclusa) de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en un escenario en el que el Gobierno nacional lleva a cabo cambios en su política de subsidios, la medida apunta a ahorrar 1.056 millones de pesos, dinero que tendría que poner el Ejecutivo porteño en caso de que el Congreso de luz verde a este proyecto.
Con recursos o aumentando la coparticipación
Una vez conocida la iniciativa, no tardaron en salir a la luz las reacciones. El jefe de la bancada macrista en la Cámara de Diputados, Federico Pinedo, acusó que “el Gobierno busca transferir más servicios violando la Constitución, que establece que deben hacerse con acuerdo de las partes y transferencia de recursos”. En ese sentido, manifestó que el traspaso debe ser con fondos para “el caso de que se trate de un servicio deficitario”, que el Gobierno puede instrumentar por dos caminos: “O nos suben un porcentaje de la Coparticipación que recibe la Ciudad o bajan lo que nos quita el Gobierno en ese rubro”, sostuvo.
Un punto clave de la transferencia es el de los recursos. En los fundamentos del proyecto se hace referencia a los subsidios que el sector transportes recibió en febrero de este año y que llegaron a $ 87.852.332, que en un año alcanza los 1.056 millones de pesos.
En esa línea Macri advirtió, ante la posibilidad de que ese traspaso sea sin los recursos, que el boleto de colectivo “seguro se iría arriba de los 3,50 pesos o 4 pesos; no me equivoco si le digo que va a estar por arriba de los 4 pesos”, en declaraciones a la prensa. Y aclaró: “no puedo sostener los subsidios; si ellos (por el Gobierno nacional) tienen problemas de plata y tienen que sacar los subsidios, que se hagan cargo y se lo expliquen a la gente”, manifestó en la agroexposición de Junín.
La situación es compleja, ya que la Ciudad no puede cambiar partidas presupuestarias (no se puede modificar más del cinco por ciento del total del Presupuesto), y la Nación no da avales para tomar créditos, por lo que el camino del aumento del boleto parecería inevitable. Actualmente, el jefe de Gobierno no puede cambiar el recorrido ni fijar tarifas, ni controlar nada sobre el transporte público porteño. Solamente puede hacerlo con los taxis.
Además de la cuestión de los fondos, en el proyecto hay otro punto que causa preocupación en el macrismo, y es el artículo que establece este fin de mes la fecha tope para el traspaso de los subtes a la órbita de la Capital. “Dispónese que dentro del plazo previsto en el acta acuerdo deberá efectivizarse la culminación del proceso”, señala el artículo 3.
No obstante, en la jefatura de Gobierno sostienen que cualquier decisión sobre el transporte tiene que pasar por la Legislatura porteña. Es que, por otra parte, en ambas cámaras del Congreso nacional el kirchnerismo tiene números cómodos para aprobar la iniciativa. Por eso, algunos funcionarios porteños expresaron en diferentes medios que todo convenio firmado por la Ciudad debe ser aprobado tanto por la Legislatura como en el Parlamento nacional, como lo establece la Constitución de la Ciudad. Están seguros de encontrar aliados dentro del arco opositor para rechazar la norma que apruebe el Congreso nacional y, entonces allí, el conflicto derivaría para que sea la Justicia el ámbito en el que se resuelva la compleja situación.
Cabe recordar que la Legislatura tiene facultad para aprobar o rechazar los tratados, convenios y acuerdos celebrados por el gobernador. Por ello y como es predecible que el Congreso nacional apruebe el proyecto de ley enviado por CFK que traspasa a la órbita de la Ciudad los subtes y las 33 líneas de colectivos que inician y finalizan sus respectivos recorridos dentro del ejido porteño, es que el oficialismo macrista salió en busca de aliados para con una mayoría considerable se rechace la transferencia; para ello ya contaría con algunos aliados como los integrantes del bloque Bases para la Unión (Juan Pablo Arenaza y Adriana Montes), el bloque de la UCR (Claudio Presman y Rubén Campos) y no se descuenta que quienes integran los monobloques Unión Federal y Sindical Peronista, Daniel Amoroso y Claudio Palmeyro, respectivamente, terminen acompañando la postura del Pro. Aunque la Carta Magna de la Ciudad no determina en su texto una mayoría especial para aprobar o rechazar los mencionados convenios, el Pro intenta resistir desde el Parlamento porteño con el mejor caudal de votos que pueda alcanzar.
Desde el seno del macrismo un integrante del Ejecutivo se quejó: “Nos quieren pasar lo que da déficit y quedarse con lo que tiene superávit: el Puerto, el Aeroparque y los negocios del juego: si me pasaran eso, yo también podría pagar subsidios”, manifestó el funcionario. Más crítico fue el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro quien opinó que desde Nación “quieren un ahorcamiento financiero y económico de la Ciudad, como hacen con el resto de las provincias, para generar un gobierno unitario de toma de decisiones”.
Voces autorizadas
La compleja situación motivó también que algunos constitucionalistas salieran a expresar sus opiniones. Daniel Sabsay señaló al respecto que “no hay ninguna cláusula constitucional que faculte al Congreso para imponer unilateralmente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la recepción de servicios o bienes de manera compulsiva”, y agregó que “se trata de un acto complejo, porque requiere el consentimiento de las dos jurisdicciones”.
Por su parte, Eduardo Barcesat argumentó que “las dos constituciones prevén la prestación de servicios públicos. El transporte corresponde a la Ciudad, no tiene por qué ser sufragado por los habitantes de las provincias”, a la vez de que el convenio firmado entre ambas administraciones ya es “operativo”. Sin embargo, Jorge Vanossi dijo que “los convenios son actos preparatorios, no consumatorios”.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, señaló que el Máximo Tribunal está facultado para dirimir el conflicto generado entre el Gobierno porteño y el nacional por el traspaso del servicio de subterráneos.
“No puedo adelantar una opinión porque seguramente es algo que se va a judicializar”, dijo el juez, pero aseguró que “el conflicto entre una entidad federada y el Gobierno federal es cuestión que hace a la competencia de la Corte”.
Zaffaroni dijo que en este caso no hay per saltum y explicó que “directamente si se plantea como un conflicto entre la Ciudad y el Gobierno Federal, no se saltan instancias inferiores, sino que la competencia originaria es de la Corte, como establece la Constitución desde 1853”.
