Luego del fallo de la Corte, se representó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para garantizar el acceso a los abortos no punibles. La iniciativa es de autoría de los diputados Gabriela Alegre y Juan Cabandié (FpV), y de Fernando Sánchez (CC), (que de esta forma hace suya la posición de Diana Maffia, quien dejó la Legislatura en diciembre pasado).

El proyecto fue acompañado por diputados y diputadas de todos los bloques de oposición y es la tercera vez que se presenta. En sus fundamentos se agregaron varios párrafos que mencionan el contenido del fallo de la Corte Suprema que respaldan la necesidad de aprobar el proyecto. En 2008 se había presentado la primera versión y en 2010, la segunda. En las dos oportunidades se llegó a obtener despachos de las comisiones de Salud y Mujer, luego de amplios debates con la participación de profesionales, especialistas y militantes a favor y en contra. Sin embargo, los legisladores sostuvieron que el Pro exigió el tratamiento en la Comisión de Justicia, donde nunca se pusieron en consideración y así se impidió que el debate sobre el tema llegara al recinto.

“La Corte exhortó a las provincias y a la Ciudad a que dicten normas de la más alta jerarquía que establezcan protocolos de actuación para los casos de aborto no punible, con el fin de garantizar el derecho a la salud de las mujeres. Por eso representamos el proyecto una vez más”, señaló la diputada del FpV Gabriela Alegre.

Agregó la diputada que “con esta ley intentamos generar prácticas uniformes del sistema de salud, pero el hecho de que aún no se haya sancionado no puede frustrar el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres. Si se presentara un caso mañana en la CABA, el sistema de salud debería cumplir lo dispuesto en el art. 86, de acuerdo con las pautas de la sentencia”.

“Desde 2008 nuestro proyecto siempre tuvo las mismas ideas que ahora expresa la Corte. Nunca pudimos aprobar la ley porque el Pro se opuso a nuestros argumentos e interpretaciones, que son los que ahora se ven claros en la sentencia. Esperamos que ahora el PRO permita avanzar con el proyecto y sancionarlo, ya que se trata de una norma legal para que todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad actúen de manera uniforme si se les presenta una mujer que busca interrumpir un embarazo en situaciones de peligro para su salud, para su vida o porque fue violada”, se quejó la diputada, para concluir diciendo que “ahora hay una decisión del máximo tribunal del país, veremos qué postura adopta el Gobierno de Mauricio Macri ante esto”.