Un proyecto ya fue aprobado la última semana en el Senado. En la Cámara baja presentaron una iniciativa en el mismo sentido.
El diputado nacional Sergio Pansa presentó un proyecto de ley que deroga el avenimiento, tipificado en el artículo 132 del Código Penal.
El artículo 132 del Codigo Penal comtempla la figura del avenimiento en los casos de delitos contra la integridad sexual para las víctimas mayores de 16 años, quedando a criterio último del Tribunal la aceptación o rechazo de la propuesta del avenimiento con el fin de armonizar el conflicto. Se establece también que se podrán aplicar las previsiones de los artículos 76 ter y 76 quater del Código, es decir, la suspensión del proceso a prueba.
La finalidad del avenimiento es la extinción de la acción penal, constituyendo una práctica discriminatoria y lesiva para los derechos de la víctima, la que se ve privada de su derecho a un debido proceso legal, único medio que le garantiza una sentencia firme que ponga fin al conflicto y repare el daño causado por el delito.
Él último caso conocido en el que el avenimiento fue autorizado por la justicia -en supuestos en los que subsistía una situación de sumisión o abuso en perjuicio de la víctima-, fue el de Carla Figueroa, quien fuera asesinada por su violador, con quien había aceptado casarse.
La aplicación de ésta figura, por parte de jueces de la Provincia de La Pampa, puso de manifiesto la injusticia e irracionalidad de esta norma, basada en una ficción de libertad e igualdad inexistentes en estas situaciones.
En tal sentido, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni se expresó en contra del instituto que le permitió a Marcelo Tomaselli recuperar la libertad luego de haber violado a su pareja, cuestionando el instituto, al que calificó como “una pieza arqueológica” del Código Penal, sumándose así a los numerosos reclamos para la derogación de este beneficio.
Son numerosos los casos de violencia de género que se suceden a diario, por lo que no resulta lógico que la víctima pueda expresar su consentimiento libre de presiones y amenazas, puesto que nunca estuvo ni va a estar en condiciones de igualdad con su agresor.
Este instituto, resulta así inconstitucional, puesto que se opone a lo establecido en nuestra Ley Magna y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la misma, como lo dispuesto en la “Convención de Belém do Pará” y en igual sentido, lo normado por la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
