El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, presentó un proyecto de ley por el cual propone modificar la actual legislación para regular transmisiones de la Cadena Nacional de Radiodifusión del Poder Ejecutivo Nacional y los ejecutivos provinciales, “estableciendo instancias de control para prevenir usos abusivos o inapropiados y revisar que los contenidos emitidos se ajusten a los parámetros establecidos legalmente”.

Gil Lavedra impulsa modificar el artículo 75 de la ley 26.522 para establecer que “el PEN y los Ejecutivos provinciales podrán, en situaciones de emergencia o de gravedad institucional disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, a fin de difundir comunicaciones relevantes para la protección de los derechos de los habitantes. La integración de la cadena será obligatoria para todos los licenciatarios. Con posterioridad, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual revisará la legalidad de lo actuado”.

Asimismo, se propicia que en la modificación del citado artículo de la norma se disponga que “el PEN y los Ejecutivos provinciales también podrán solicitar la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, para transmitir comunicaciones de trascendencia institucional. En estos casos, deberán solicitar una autorización previa a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que resolverá inmediatamente, con la participación del Defensor del Público, por mayoría de sus miembros”.

En la iniciativa se dispone que tal autorización “no procederá nunca durante las campañas electorales”, a la vez que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual “supervisará el cumplimiento de las reglas” establecidas para tales transmisiones.

Gil Lavedra, además de remarcar en los fundamentos de la iniciativa que su proyecto “regula las transmisiones de la Cadena Nacional de Radiodifusión del Poder Ejecutivo Nacional y los ejecutivos provinciales”, recordó que la ley 26.522 “ya avanza hoy en esta dirección al fijar como objetivo la promoción del pluralismo político y de la participación ciudadana, y establecer que la cadena nacional debe ser utilizada en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.

“Pero no prevé ningún mecanismo de control que garantice que estos lineamientos sean respetados. Esto permite que el Gobierno pueda hacer un uso discrecional de ella y la emplee como una herramienta más de comunicación política, sin que tal situación sea adecuadamente tratada por el sistema legal”, advirtió.

Al respecto, resaltó que el anuncio de la precandidatura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para las próximas elecciones, realizado el pasado 21 de junio a través de cadena nacional “es el más claro, pero no el único, de los ejemplos de esta problemática. En dicha oportunidad, además, la Presidenta realizó comentarios críticos y se burló de otros partidos políticos y candidatos”.

“Este tipo de prácticas implican un abuso inadmisible, un acto de proselitismo prohibido y la desnaturalización de un instrumento previsto con otros fines. También hacen prevalecer la voz del Poder Ejecutivo por sobre el resto de las fuerzas políticas empobreciendo el debate y la pluralidad de opiniones que exige nuestro sistema electoral y que debe existir en democracia”, remarcó Gil Lavedra.