A un mes de la tragedia de Once, el bloque que encabeza Claudio Lozano realizó una audiencia pública sobre el traspaso del transporte a la Ciudad. El diputado presentó su propio proyecto de ley, que promueve convenios entre esta jurisdicción, la Nación, la provincia de Buenos Aires y los municipios del área metropolitana. Desde algunas entidades plantearon la reestatización del servicio de ferrocarriles.
En el marco de la disputa por la transferencia del subterráneo, el Premetro, el tranvía de Puerto Madero y 33 líneas de colectivos, los diputados de Unidad Popular Claudio Lozano y Liliana Parada analizaron durante una audiencia pública la situación actual del transporte y presentaron su propio proyecto de ley. Además, exigieron revisar las concesiones a un mes de la tragedia ferroviaria de Once.
Lozano consideró que el acta-acuerdo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, y que el oficialismo buscará ratificar durante la sesión del próximo miércoles, “deja de lado la consideración de los problemas de la gente”, y opinó que se trata de “un tironeo absurdo de jurisdicciones”.
El proyecto de Unidad Popular tiene dos ejes principales: describe la celebración de convenios entre la Nación, al Ciudad, la provincia de Buenos Aires y los municipios del área metropolitana para la transferencia del servicio del transporte –que deberían ser ratificados por el Congreso-, y propone convocar a una audiencia pública para escuchar la opinión de usuarios y trabajadores.
Dichos convenios deberían contemplar, según el texto, contenidos mínimos como la transferencia del personal, los bienes y los recursos financieros afectados. Además, el diputado propuso crear una Comisión Especial Investigadora del Sistema de Transporte Metropolitano.
Participaron de la audiencia el diputado Omar Duclós (Gen), Carlos Chile, (secretario general de CTA Capital), Leandro Despouy (Auditoría General de la Nación) y Héctor Polino (Consumidores Libres), entre otros.
Opiniones y reclamos
Duclós instó “a que estas dos jurisdicciones se pongan de acuerdo” en la cuestión, y también se sumó al reclamo “por un Estado presente, que determine con transparencia una tarifa justa”.
A su turno, Carlos Chile expresó: “Queremos discutir el derecho universal al transporte”. Además, habló de una “red de impunidad” y sostuvo que “hay que demoler la teoría neoliberal en torno a los servicios públicos. La única solución posible es recuperar el patrimonio del transporte y ponerlo en manos de los trabajadores”.
Asimismo, Polino denunció que tanto la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) como las concesionarias “no cumplen con sus funciones” y criticó: “Se habla de tarifas pero nunca de costos. Las tarifas no deben ser caras ni baratas, sino justas.
En tanto, Despouy sostuvo que “el gran valor de la AGN es haber transmitido a la población” informes sobre el estado de los transportes “para que reclame el cumplimiento de nuestras observaciones”.
Por la Unión Ferroviaria, el delegado Edgardo Reynoso advirtió que “en 25 días de intervención la situación de riesgo de la línea Sarmiento es la misma que el 22 de febrero”, día en que 51 personas murieron y 700 resultaron heridas a causa de la embestida de un tren sobre la estación Once. Por eso, abogó por la reestatización de los ferrocarriles.
