El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 vino a instalar un proceso de desmantelamiento industrial poniendo la economía al servicio de los intereses monopólicos y financieros, para llevar adelante su objetivo, exterminaron a quienes proponían un país con soberanía política, independencia económica y justicia social.

La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva e instauró el terrorismo de Estado, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.

El gobierno secuestró, torturó y ejecutó a decenas de miles de personas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Se apropiaron más de 500 bebés de madres en cautiverio, 105 ya han recobrado su verdadera identidad, gracias a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.

En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983 y finalizó así, una de las etapas más crueles y macabras de nuestra historia.

Poner los Bancos Centrales de los países considerados subalternos al servicio del sector financiero logrando la extranjerización de las economías de la región, fue otra de las medidas llevadas a cabo por aquellos gobiernos de facto.

Ayer, a dos días de la conmemoración del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria y la Justicia, en el Senado aprobamos el proyecto de reforma de la Carta orgánica del Banco Central remitido por el Poder Ejecutivo Nacional y hemos dado un duro golpe al neoliberalismo, redefiniendo no sólo las funciones del BCRA con un verdadero acercamiento a la economía real, sino también con la derogación de la convertibilidad con una visión que le permitirá definir políticas de control de inflación, regulación del crédio y desarrollo económico con equidad, inclusión y generación de empleo. Hemos clausurado la etapa de renuncia a la soberanía cambiaria y monetaria que prescindió del rol del Estado como regulador del sistema financiero. Porque entendemos que el rol del Banco Central no es neutral.

Hay quienes creen que el sistema funciona con las reglas de mercado. Ya sabemos cómo termina la historia cuando esas reglas regulan la economía. La crisis del 2001 en Argentina, la revoluciones en el mundo árabe, las movilizaciones de los indignados en Europa, los islandeses enfrentando a los banqueros, y las luchas de los griegos contra los burócratas de la Comisión Europea y el FMI.

Pero también estamos quienes creemos en lo que afirma constantemente Cristina: El rol del Estado es indelegable. Por eso el No al ALCA, por eso la estatización de las AFJP, la recuperación de Aerolíneas Argentinas como línea de bandera, la producción pública de medicamentos, el pago de la deuda al FMI, la creación de Unasur y del Banco del Sur, el afianzamiento del Mercosur, el reclamo sobre Malvinas; que no es otra cosa que la defensa plena de nuestra soberanía.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central representa otra medida más de profundización del modelo Nacional y Popular inciado el 25 de mayo del 2003 por Néstor y Cristina.

La profesora Elena Corregido senadora nacional