La iniciativa es impulsada por la diputada oficialista Diana Conti y pretende modificar el Código Civil y Procesal de la Nación, restringiendo el dictado de ese tipo de medidas judiciales. El oficialismo buscará lograr ahora su aprobación.
Ya la presidenta de la Nación anticipó su fastidio por la cantidad de medidas cautelares contra el Estado nacional. En ese sentido es que la diputada Diana Conti presentó un proyecto de ley que restringe el dictado de medidas cautelares contra el Estado avanza en el Congreso, impulsado por legisladores del oficialismo que buscan apurar su tratamiento para que la iniciativa se convierta en norma.
La iniciativa impone una serie de modificaciones al Código Civil y Procesal de la Nación y establece que antes de dictar una medida cautelar contra cualquier organismo del Estado, el magistrado debe citar a una audiencia a las partes y a posibles terceros afectados.
Conti señala que “la convocatoria a una audiencia de parte para los supuestos en donde el interés público comprometido así lo exige constituye una herramienta que le servirá al juez para formar su convicción sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar. Estos requisitos fortalecen este instituto”.
A partir de la aprobación de esta norma, un juez sólo podría dictar una medida cautelar contra el Estado siempre y cuando “no afecte el interés público comprometido ni genere mayores perjuicios que su no otorgamiento”.
No es la primera vez que Diana Conti presenta iniciativas de este tipo. Ya en marzo de 2010 había presentado un proyecto sobre las medidas cautelares, en el que impulsaba una modificación de la Ley 16.986, incorporando el siguiente artículo: “Artículo 7 (bis): Cuando un integrante de un poder del Estado solicite una medida cautelar invocando una legitimación fundada en el ejercicio de sus funciones, deberá ser analizada con particular estrictez y sólo podrá concederse junto con la constitución de una caución real”.
El tema ya ha despertado reacciones en el seno de la oposición. Para el macrista Pablo Tonelli, el proyecto es en principio “razonable”, pero aclaró que “habría que precisar mejor ese requisito de interés público comprometido”.
El jefe del bloque radical de la Cámara baja, Ricardo Gil Lavedra, tampoco está en contra de regular el régimen de medidas cautelares, pero aclaró que se debe “evitar recaer en un efecto contrario, como obstaculizar una vía expeditiva, como debe ser una acción de amparo”.
El diputado provincial narvaísta Mauricio Dalessandro cuestionó en cambio la iniciativa, advirtiendo que “es una barbaridad jurídica y avasalla claramente los derechos constitucionales de las personas e instituciones”. Para él, “la actual Ley de Amparo fue dictada en la época de (el presidente de facto) Juan Carlos Ongañía, pero el proyecto de Diana Conti es todavía más duro y restrictivo que el de aquella dictadura”.
Así las cosas, señaló que “esta iniciativa va claramente a contramano de la declamación kirchnerista de apoyo y defensa a los derechos humanos y promueve en forma burda el totalitarismo”.
