Por Rodolfo Terragno
El mundo ha aprendido que los bloqueos comerciales son, casi siempre, inoperantes.
Estados Unidos ha bloqueado por más de medio siglo a la diminuta Cuba, que está a 145 kilómetros de Miami. Resultado: ninguno. Los norteamericanos no pudieron asfixiar a Fidel Castro; ni siquiera luego de desaparecer la Unión Soviética. En casos como el de Irak o el de Libia, las sanciones económicas fueron vanas, como lo serán las que hoy pesan sobre Irán.
No obstante, la Argentina ha ensayado mecanismos para bloquear a las Malvinas.
La bandera de las Falklands no puede entrar a puertos del Mercosur. La importación de productos británicos sufre un boicot oficioso. Los vuelos de LAN están en la mira del Gobierno. Cruceros ingleses no llegan a la Antártida porque no les dejan abastecerse en Ushuaia.
Nada de esto forzará al Reino Unido a negociar.
Al contrario, le dará otro pretexto para no sentarse a la mesa . Se presentará (ya lo ha hecho en la Unión Europea) como víctima de un país beligerante , que en 1982 provocó una guerra y ahora recurre al acoso. Ofrecer vuelos de Aerolíneas (para sustituir los de LAN) no modifica mucho.
Ya Londres se victimizó cuando el gobierno argentino cayó en la trampa de David Cameron. Bastó una frase del Primer Ministro para que, desde Buenos Aires, se respondiese con ira. Eso era lo que necesitaba Gran Bretaña: en semejante clima, adujo, todo diálogo era imposible.
La agresividad argentina hace, en efecto, el juego al Reino Unido.
Pero si la agresión es contraproducente y la inacción debilita, ¿qué nos queda por hacer? Hay instrumentos, aún intactos, que urge emplear.
No para lograr la (ilusoria) recuperación de las islas en el corto plazo. Sí para evitar que las perdamos para siempre.
La clave consiste en desbaratar, cuanto antes, la excusa británica de la autodeterminación. El Reino Unido dice que las islas serán del país que los isleños quieran. Invoca, para ello, el derecho de autodeterminación: algo que sólo tienen los pueblos sojuzgados que ansían liberarse.
El argumento no convence ni a la ONU ni a los Estados, para quienes el conflicto tiene sólo dos partes ? el Reino Unido y la Argentina ? que deben resolver la disputa negociando.
Los países periféricos, en general, advierten que Gran Bretaña esgrime la voluntad de los isleños para justificar un enclave colonial en el Atlántico Sur. Sin embargo, Gran Bretaña guarda una carta. Cuando lo juzgue oportuno, hará proclamar a los isleños que ya no quieren pertenecer ni a la Argentina ni al Reino Unido . Lo dijo el ex canciller (laborista) Robin Cook: “Debemos fundarnos sobre la autodeterminación. Nuestros territorios de ultramar, como las Falklands, serán británicos mientras ellos deseen ser británicos. Cuando requieran su independencia, Gran Bretaña se la otorgará de buena gana”.
La independencia, si ocurre, será fingida.
La seguirá un Tratado de Libre Asociación, como el de antiguas colonias, hoy convertidas en países independientes, que en realidad, están bajo el poder de Estados Unidos.
La República de Palaos es miembro de las Naciones Unidas, donde su voto vale tanto como el de la Argentina o cualquier otro país del mundo. Superficie: 459km2 (Malvinas, 12.173). Ingreso por habitante: 8.100 dólares (Malvinas 35.400, igual que Francia). El corazón de Palaos es EE.UU., que está a cargo de la defensa y de las relaciones exteriores del país, al cual también provee asistencia económica. Lo mismo ocurre con la República de Marshall y los Estados Federados de Micronesia, otros dos de los 193 países miembros de Naciones Unidas.
Los habitantes de las Malvinas no son, como los de esas falsas naciones, descendientes de pueblos originarios. Sin embargo, a los países periféricos ? en su mayoría, ex colonias que se independizaron tras la Segunda Guerra Mundial ? les resultará difícil negar el derecho a la independencia del Territorio Británico de Ultramar instalado en las Malvinas. La Argentina ya no tendrá el apoyo mayoritario en Naciones Unidas y perderá (definitivamente) las islas de las que fue desapoderada por el Reino Unido en 1833.
La diplomacia argentina debe concentrar todas sus energías en desnudar el argumento británico de la autodeterminación. Fue con ese propósito que, en 2002, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad -incluyendo el voto de la entonces senadora Cristina Kirchner- una resolución que instaba a presentar, en las Naciones Unidas, un documento británico que niega la supuesta autodeterminación de los isleños.
Ahora, el gobierno nacional -por motivos que es difícil comprender- ha decidido no valerse de tal documento. Se trata de la British Nationality (Falkland Islands) Act, sancionada por el Reino Unido después de la guerra de 1982, en respuesta a un deseo de los habitantes de las islas. Por esa ley, Londres reconoció lo que siempre ha dicho la Argentina: los isleños son parte del Reino Unido. Para el derecho británico, hoy no hay diferencia entre los nacidos en las Malvinas, Manchester o Liverpool. Todos ellos son compatriotas.
Los habitantes de las Malvinas no pueden, por lo tanto, arbitrar un conflicto entre su propio país y la Argentina.
La ley del Reino Unido es confesión de parte. Ignorarla, dejando que la prédica de la autodeterminación se afiance, es abrir la puerta para ulteriores aprovechamientos de ese principio; incluida una figurada independencia que modificaría, a favor del Reino Unido, el conflicto de las islas.
No se justifica la timidez o el desgano que impide demostrar, en Naciones Unidas, que a los isleños no les cabe el principio de autodeterminación.
En vez de imaginar bloqueos o pergeñar ofensas -que es lo que quiere y necesita el Reino Unido- la Argentina debe combinar mesura con eficacia y desarmar una bomba de tiempo.
Si no, un día Naciones Unidas recibirá un nuevo estado “soberano”: la República de las Falklands.
