Patricia Bullrich argumentó su oposición al proyecto de ley enviado por el PEN para transferir los transportes a la Capital Federal diciendo que “como diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rechazo el tratamiento en el ámbito del Congreso Nacional, del Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se pretende que este Congreso Nacional ratifique a través de una ley, un Acta/Acuerdo celebrada entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de la transferencia de los servicios de transporte Subterráneo y Premetro”.

“Podríamos hablar de una cuestión política y de gestión con consecuencias judiciales, si el Congreso Nacional se arrogara esta facultad que no le corresponde y avanzara estaría lesionando el sistema republicano de división de poderes y violando los preceptos constitucionales de la Nación Argentina. Por lo que advertimos que no es facultad del Congreso Nacional intervenir en el conflicto, además es inconstitucional enviar un proyecto de ley ratificando un acta”, señaló la legisladora.

Bullrich agregó que “hemos presentado notas a la presidencia del Senado de la Nación y a la presidencia de la Cámara de Diputados, como así también hemos en este mismo sentido hecho una presentación judicial solicitando ‘medida de no innovar y pidiendo la suspensión de acto administrativo’. No es nuestra voluntad entorpecer aún mas esta situación, por eso a modo de propuesta concreta por parte de nuestro bloque estamos presentando también un Proyecto alternativo que plantea consolidar la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y avanzar con la ‘totalidad de transferencias’ aún pendientes en la ciudad, con el acompañamiento de su partida correspondiente”.

Para Bulrrich, “resulta obvio que, más allá de su improcedencia constitucional, la pretendida ley del Ejecutivo solo dará origen a mayor litigiosidad entre las partes y un eventual grave conflicto de poderes. El sabio principio de “la división de poderes” como garantía de las extralimitaciones del poder, no puede ser violado sin graves consecuencias para las instituciones y por ende para todos los ciudadanos”.

A juicio de la diputada, “el proyecto del Gobierno Nacional, tiene por único objeto convalidar definitivamente el Acta/Acuerdo, contra la voluntad del Gobierno de la Ciudad, puede concluirse que se trata de una ilegítima intromisión del Congreso Nacional en las que son facultades exclusivas de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, único órgano autorizado a legislar en materia de servicios públicos”.