A continuación, parlamentario.com expone algunas de las intervenciones de los diputados durante la sesión especial en la que se trató el proyecto para traspasar el servicio de transporte de la Nación a la administración porteña.

Federico Pinedo. El líder de la bancada del Pro criticó el hecho de que durante el debate “una parte enorme de la Cámara” haya “mirado la pelea política” en lugar de prestar atención a “la seguridad de los pasajeros y su derecho a tener un servicio seguro de trenes, subtes y colectivos”. “Estamos en un sistema unitario”, insistió.

Claudio Lozano. El titular de Unidad Popular sintetizó: “El Congreso ha sido invitado a perder el tiempo”, yb argumentó que “el tema a resolver es la situación del colapso del transporte en la región metropolitana”.

Además, el diputado por la Ciudad criticó el “comportamiento irresponsable, contradictorio y oportunista de quien administra la Ciudad de Buenos Aires”, y concluyó: “Deberían estar revisando la concesión para evitar un aumento de tarifas absolutamente innecesario”.

Mario Negri. El diputado radical dijo que “nos sentimos absolutamente competentes para tratar el tema en cuestión”, principalmente por el cumplimiento del artículo 75 de la Constitución que involucra al Congreso en el traspaso de competencias a las provincias.

Advirtió además que el debate terminará en la Corte Suprema de Justicia pero que “quedará pendiente” una mejor política de transporte.

El vicepresidente segundo de la Cámara baja aseguró que “el artículo segundo que se ha incorporado (al acta) no viene de ningún acuerdo, es resultado de la disputa entre el Gobierno provincial y nacional”.

En ese sentido, el radical justificó la disidencia parcial de su bloque al dictamen del FpV, por incluir “irresponsablemente” y con una “base jurídica muy débil” el traspaso de los colectivos a la órbita porteña.

Roberto Feletti. El diputado ratificó el término de “derecha liberal” para referirse al macrismo y subrayó la inversiones realizadas por el Ejecutivo Nacional: “Este Gobierno ha hecho notables esfuerzos, a diferencias de lo que cree la derecha liberal, para corregir las inequidades de las fuerzas del mercado”, dijo.

En torno al problema de los subtes, sostuvo que es “bastante poco sustentable que el Gobierno de la Ciudad no acepte administrar los subtes”. “¿O alguien que quiere ser presidente no puede administrar seis líneas de subte?”, ironizó.

Además, volvió a preguntar a los diputados del Pro si la tarifa de 2.50 es “de equilibrio”. “Si aún pensamos que es de equilibrio es cero de impacto”, reflexionó el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

Feletti denunció que la Ciudad tomó deuda para construir subte, pero señaló que de los 40 kilómetros de subte prometidos por el macrismo en las campañas electorales sólo se inauguraron cuatro estaciones.

Graciela Camaño. En nombre del Frente Peronista, la diputada bonaerense anunció el retiro del dictamen que firmara su bloque este martes en el plenario de comisiones. En su opinión, el debate en el seno del Congreso de la Nación es “ocioso”, ya que le corresponde jurídicamente a la Legislatura porteña.

Liliana Parada. La diputada porteña de Unidad Popular adelantó la abstención de su bloque, justificando que el debate en torno a los subtes es “una disputa política” entre los gobierno nacional y porteño “en la cuál están metidos los usuarios y los trabajadores”.

En este marco, recordó la audiencia pública que organizó su bloque en el Parlamento, para escuchar la opinión de usuarios, trabajadores, especialistas y organizaciones sociales. “No puede ser que estemos trabajando a espaldas de la gente”, criticó.

“No creo que sea lo mejor someter al Congreso, el poder político, a lo que dicte la Justicia sobre cómo debe hacerse un traspaso de competencias”, dijo Parada, confiada de que el tema llagará al máximo tribunal.

Héctor Piemonte. “La expresión de la Coalición Cívica-ARI es de un rotundo rechazo”, afirmó el legislador bonaerense, quien coincidió con su compañera preopinante de que el tema “es parte de una disputa política donde ambos gobiernos han demostrado una absoluta irresponsabilidad”.

Cuestionó en esta línea al Pro por no haber justificado en el debate parlamentario el aumento de las tarifas al subte, que consideró una “actitud infantil e irrespondable”; y a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por la disputa en torno a la custodia del servicio.

Fernando “Pino” Solanas. De entrada, el titular de Proyecto Sur advirtió que el Congreso estaba “dejando de lado” a los usuarios y que no denunciaba el “corrupto” sistema de transporte “que sigue gobernador por los Roggio y los Cirigiliano”.

En tanto, criticó que “en este traspaso ni le están dando la posibilidad (a la Ciudad) de acabar con la concesión de Metrovías”. “Le están traspasando a la Ciudad una farsa cargada de deuda. No podemos hablar de la defensa del público o del pueblo si no defendemos sus derechos”, manifestó “Pino”.

Según dijo, “Proyecto Sur ha sido una de las fuerza que ha nacido defendiendo el cumplimiento de la Constitución Nacional y la Ley Cafiero que fija en su articulo seis el traspaso de todas al competencias a la Ciudad”. Y recordó en esa línea que presentó un proyecto “para el pleno reconocimiento de todos los derechos de la Ciudad en igualad a las provincias”.

“Pongamos el tema del pueblo, el tema del pasajero, el tema del usuario. Los servicios están para servir al público. El público lo paga. Ustedes no pueden seguir manteniendo y concediendo el sistema de corrupción del señor Roggio”, expresó Solanas.

Finalmente, el diputado de Proyecto Sur denunció que “el gran negocio del aumento de las tarifas del irresponsable Mauricio Macri es el señor Roggio y de eso no se habla”.

Eduardo Amadeo. “El verdadero problema del sistema de transporte argentino es la cantidad de dinero destinado a subsidios que no lograron ni aumentar los asientos ofrecidos para los ciudadanos, ni disminuir la cantidad de heridos y muertos”, denunció el diputado del Frente Peronista.

Para el legislador, “desde hace años se viene financiando un servicio que no satisface las necesidades de los usuarios”.

“Se está jugando con la plata de la gente. Esto es un robo social”, sentenció Amadeo, quien agregó que “no se está respetando el tiempo de las personas, que están condenadas a perder horas de su día en medios de transporte que son impuntuales y funcionan mal”.

Por último, el peronista disidente admitió que “la Cámara de Diputados no está haciendo nada para mejorar el sistema del transporte. Estamos perdiendo el tiempo pensando si Macri quiere gobernar al país o no, mientras que los ciudadanos viajan en un subte cada vez más interrumpido”.

Laura Alonso. La diputada del Pro recordó durante su intervención a las víctimas fatales y heridos de la tragedia ferroviaria de Once.

“La máxima responsabilidad de la destrucción de la lógica del sistema de transporte del área metropolitana de Buenos Aires y de profundizar la desigualdad va a ser de la presidenta de la Nación y de los parlamentarios oficialistas”, sostuvo Alonso.

La diputada pidió al resto de la oposición acompañar el proyecto de su bancada, que tiene “una mirada integral que convoca a todos los actores institucionales a pensar en un diseño que invierta, que controle, que sea transparente y que garantice un derecho humano de todos los usuarios de tomar un transporte público que sea seguro”.

“El derecho de acceder al transporte público es un derecho humano”, definió la macrista, quien arremetió contra la iniciativa del kirchnerismo al apuntar que “va en contra de la igualdad la justicia social”.

Juan Carlos Zabalza. El presidente de la bancada socialista en Diputados consideró que “esto es parte de un enfrentamiento no racional entre dos jurisdicciones”.

En este sentido, sostuvo que “los conflictos interjuridisccionales que están judicializados no deben ser tratados por el Parlamento nacional” y que “la responsabilidad de quienes están en la actividad política, tanto ejecutivos como legislativos, es saber encontrar las soluciones a los problemas concretos y reales de la gente”.

Patricia Bullrich. La diputada de Unión por Todos insistió con que el proyecto es “anticonstitucional” y advirtió que “no es facultad del Congreso Nacional intervenir en el conflicto”, ya que no tendría competencia para legislar sobre la Ciudad.

“No se nos puede obligar a firmar un proyecto anticonstitucional, vamos en contra de la división de poderes, no tenemos atribuciones para votar esta ley”, concluyó Bullrich.

Alfonso Prat Gay. El legislador de la Coalición Cívica habó de la “falta de responsabilidad de dos Poderes Ejecutivos que se olvidan de la cuestión de fondo, de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que utilizan el servicio publico de transporte”.

Para el diputado, en lugar de “sintonía fina” tendría que hablarse de “ajuste” debido a los “tarifazos”. Además, volvió a criticar a ambas partes del conflicto: criticó “el incumplimiento por parte del jefe de Gobierno porteño, que firma un convenio y después lo rechaza a través de una conferencia de prensa” y también sostuvo que “el Ejecutivo Nacional está violando la Constitución Nacional” en sus artículos 1, 2 y 3.

Carlos Brown. El diputado del Frente Peronista planteó que “el Congreso debería estar discutiendo un Plan Integral de Transporte, que incluya no sólo a la Ciudad de Buenos Aires sino también al área metropolitana y al interior del país, el cual se encuentra actualmente relegado por carecer de una infraestructura eficiente”.

Además, afirmó la necesidad de trabajar la problemática del transporte de personas y bienes como cuestión nacional. Y, en referencia al tema de los subsidios, expresó que la fenomenal masa de recursos que el Gobierno ha destinado a ello no mejoró en absoluto el sistema, lo cual se vio reflejado en la tragedia de Once del pasado 22 de febrero y en otros accidentes ferroviarios.

Miguel Angel Giubergia. El diputado radical consideró que la premura impuesta por el oficialismo “impide un debate profundo y prolongado que el tema merece”, y se quejó porque “la política de transporte del gobierno nacional es un fracaso y, además, se montó un esquema muy permeable para la aparición de la corrupción, claramente demostrado en las más de veinte causas penales abiertas contra el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime”.

“La planificación de una transición desde esta estructura inequitativa, ineficiente y vulnerable hacia una matriz eficiente y sólida hubiera requerido de la elaboración de un diagnóstico adecuado. No basta con describir a la ligera la forma en la que viajan la mayoría de los ciudadanos de este país, las estructuras de transporte son vetustas, los servicios son prestados en condiciones lamentables”, sostuvo el legislador jujeño.

Alberto Asseff. El diputado de Compromiso Federal dijo que “la población vive azorada ante este litigio institucional, político y se siente convidada de piedra, está ausente de participación”. Agregó que “este modo de traspasar el transporte a la ciudad, no trae absolutamente ningún progreso en sí mismo, por lo tanto la cláusula progresista de la Constitución del 53, art. 75 inc. 19 y ratificada en la última reforma, nada tienen que ver con este traspaso. Esta es una transferencia absolutamente neutra en materia de progreso, por no decir, peligrosamente anti progresista y como van las cosas, todo va a empeorar”.

Liliana Fadul. La diputada fueguina afirmó estar de acuerdo con que los servicios de transporte público de pasajeros de la ciudad deben estar bajo la administración del gobierno local, y se definió como “férrea defensora de las autonomías provinciales y por eso estoy de acuerdo con el traspaso interjurisdiccional del servicio de transporte a la ciudad”, dijo. Pero aclaró que “no estoy de acuerdo con las formas en su tratamiento”, agregando que “el camino que recorre este traspaso no es el mejor, la judicialización es la cara del fracaso del acuerdo, el fracaso de la construcción del consenso, un acuerdo hoy en crisis, por el fracaso de ambos gobiernos, es ahora remitido al parlamento. ¿Para qué? Si estamos ante una ley efectista, poco efectiva y nada eficaz, que no le soluciona el problema a la gente”.

María del Carmen Bianchi:La diputada nacional del Frente para la Victoria (PJ-Ciudad) defendió traspaso de la administración de los subterráneos y 33 líneas de colectivo a la órbita del Gobierno de la Ciudad señalando que “la sanción de esta ley es una forma de colaborar para superar de la manera más rápida posible esta actitud inusual del Jefe de Gobierno de desconocer los compromisos asumidos”.

“Todas las fuerzas políticas que tenemos presencia en la Ciudad hemos planteado una y otra vez la necesidad del traspaso del servicio de transporte, y esto se encuentra en la propia plataforma con que el FpV se presentó en las últimas elecciones por la jefatura porteña”, añadió.