El titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, formuló diversos pedidos de acceso a la información ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, la ANSES, la Oficina Anticorrupción, la Inspección General de Justicia, la Jefatura de Gabinete y Casa de la Moneda, en relación al caso Ciccone.

“Desde el mes de febrero, venimos solicitando, sin éxito, acceder la documentación respaldatoria del accionar de distintos organismos del Estado Nacional en el caso “Ciccone”, a pesar de que la gran mayoría de ella debería ser pública. La AFIP, por ejemplo, se escudó en el secreto fiscal para no brindarnos información, que luego fue difundida por su titular en una conferencia de prensa. Y días antes del anuncio público de la aprobación del esquema de provisión de billetes elaborado por la Casa de la Moneda, el propio Banco Central nos respondió que no existían negociaciones en curso con la ex Ciccone”, señaló Gil Lavedra.

El jefe de la bandada radical señaló que “distintos funcionarios del gobierno nacional denuncian públicamente una campaña mediática, pero, al mismo tiempo, se niegan a rendir cuentas sobre la actuación de los organismos públicos involucrados”. Agregó que “hasta ahora, hemos escuchando un sinnúmero de acusaciones contra las distintas sociedades comerciales que participaron de la adquisición de Ciccone, que nadie ha salido a desmentir. El Estado, incluso en su rol de acreedor, no puede desentenderse de cómo se pagan las deudas o de donde provienen los fondos. Hay un mínimo de diligencia que los funcionarios deben respetar al administrar el dinero público y que les impide afirmar que no saben o no conocen la realidad de estas sociedades”.

“¿Alguien verificó, antes de levantar la quiebra, quiénes se harían cargo de la empresa? ¿Algún funcionario tiene conocimiento de la operatoria de estas empresas o se ha preocupado en averiguar quiénes son sus directivos? Una cosa es ayudar a una empresa a levantar su quiebra para proteger fuentes de trabajo o porque ocupa un rol estratégico en el mercado. Pero entregarla a grupos empresarios amigos o sociedades extranjeras que realizan operaciones sospechosas, es algo totalmente distinto. Vamos a insistir con nuestro pedido de que se difunda la información relacionada al caso y esperamos, que esta vez, los funcionarios de gobierno respondan con mayor seriedad”, enfatizó el diputado radical.