Legisladores de la UCR quieren conocer el criterio de selección de los mismos y de qué modo se solventan sus honorarios, entre otras cuestiones.
El titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, y el diputado nacional Manuel Garrido, presentaron un proyecto por el cual piden que el ministro Julio De Vido aporte la nómina de los abogados que participan de la querella que ese ministerio inició por la tragedia de Once.
Los diputados también solicitan que el ministro explique cuál fue el criterio y el procedimiento empleado para la selección de esos abogados; cuál fue el modo en que se solventan o solventarán sus honorarios y si se han adoptado medidas para corroborar que no existe ningún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses entre cualquiera de esos letrados y la función otorgada por el Ejecutivo.
“A más de un mes de ocurrida la tragedia de Once, sabemos muy poco acerca de lo sucedido y de lo que está sucediendo. Aunque fue anunciada públicamente, la resolución ministerial que dispuso que la Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios solicite ser tenida por parte querellante no se ha publicado. Y tampoco se ha difundido la resolución judicial que acogió favorablemente ese pedido. Las actividades y responsabilidades del interventor siguen sin estar claras y no ha existido, y probablemente no existirá, ninguna instancia de rendición de cuentas”, señalaron Gil Lavedra y Garrido.
“En las últimas semanas -continuaron-, trascendió en varios medios de comunicación que el subsecretario Legal del mencionado ministerio, que fue designado como el responsable de impulsar la querella, contaría con el patrocinio jurídico de un estudio privado de abogados. De acuerdo a la información publicada, además, algunos de sus integrantes mantendrían un vínculo profesional con autoridades del ministerio y se desempeñarían como defensores en causas por hechos de corrupción”.
Los diputados radicales explicaron que “este proyecto pretende obtener mayores precisiones sobre los criterios y procedimientos empleados para decidir la contratación de los abogados, y acerca de las razones que han llevado al Ministerio de Planificación a optar por no utilizar algunos de los cuerpos de abogados estatales, conocer quiénes se encuentran patrocinando al Estado y cómo se costean sus honorarios e indagar sobre las medidas adoptadas para descartar la existencia de alguna incompatibilidad o conflicto de intereses”.
