Por previsible que fuera, no dejó de ser la del kirchnerismo en la Cámara baja otra muestra de su potencia legislativa, que le permite aprobar cuanto proyecto envíe el Ejecutivo no sólo con amplitud, sino también con velocidad extrema. Esta última semana el Senado tuvo descanso y correspondió a la Cámara baja graficar ese poder de fuego, convirtiendo en ley el proyecto que traspasa el transporte urbano de pasajeros al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sacándole nada menos que 108 votos de ventaja a quienes se oponían.

Convengamos que para semejante votación contó el oficialismo con sus aliados habituales y sobre todo la anuencia radical, en una actitud que dejó al partido centenario en estado deliberativo. No encuentra paz la UCR, que exhibió notorias diferencias entre sus miembros al ordenar la conducción del bloque apoyar el proyecto y votar en contra en dos artículos, mientras que otra parte, con el ex jefe del bloque Oscar Aguad como cabeza visible, sugería mantenerse en la vereda de enfrente del gobierno nacional. Jugaron aquí factores diversos de los que ya hemos hablado, principalmente el recelo radical hacia el macrismo, por cuestiones ideológicas en principio, y de supervivencia en segundo lugar: teme el Partido Radical las dentelladas del PRO que en 2015 podrían arrancarle partes importantes en caso de no encontrar ellos un buen candidato propio.

En la cuestión del transporte, el presidente de la UCR se la pasó hablando en los términos que usó el kirchnerismo. Mario Barletta era hasta el 9 de diciembre pasado intendente de Santa Fe, y como tal puso su propio ejemplo al recordar que en el interior son los intendentes los que están a cargo de administrar el transporte urbano: son ellos los que deben lidiar con las tarifas, que triplican los valores de Capital Federal y el Conurbano.

Por más amplia que haya sido, esa victoria legislativa no generó el efecto práctico deseado. La sensación general es que al cabo de una semana en la que se gastó demasiada saliva, todo está como era entonces. Peor, un poco más confuso.

El PRO intentó replicar desde la Legislatura porteña, donde es una insuficiente primera minoría, razón por la cual debió ir al recinto detrás de un documento del opositor Proyecto Sur, que no era todo lo concluyente que hubiese deseado, pero fue lo máximo que pudo conseguir. En el trabajoso acuerdo con bancadas opositoras trabajó el vicepresidente 1° de la Legislatura, el pro-peronista Cristian Ritondo, cuyo papel al frente del bloque que conducía hasta diciembre pasado extraña hoy el macrismo.

El por ahora último capítulo de esta saga lo protagonizaron la Presidenta y el jefe de Gobierno, que en ese orden continuaron esta suerte de reality show en que se ha convertido esta disputa, hablándose a través de las cámaras de televisión. La primera volvió a mostrar a la Cristina “afable” de la campaña electoral, dispuesta a ampliar concesiones, mientras que el exmandamás de Boca reaccionó con inhabitual aspereza. Se invirtieron los roles el último jueves de marzo, para sorpresa de propios y extraños.

Porque muchos tomaron la exposición de Cristina Fernández como una apertura al diálogo que no le dejaba a Macri demasiado espacio para tensar la cuerda. Fue lo que hizo horas después, en lo que muchos tomaron como el lanzamiento formal de su campaña para 2015. No es el terreno en el que el jefe de Gobierno se siente más cómodo y apto, muy por el contrario. Preferiría Macri seguir dentro de los límites que su asesor ecuatoriano le había trazado para los próximos dos años: manteniendo una relación “correcta” con el gobierno nacional, mostrando una gestión que alternara carreras de TC como la de este fin de semana, con la renovación del mobiliario urbano, y por qué no la moderada pero rendidora exposición de su beba Antonia. No pudo ser, y el líder del PRO ha concluido que esa estrategia se estrelló con el “grave error” -tales las palabras de su propio entorno- que cometió al firmar el acta-acuerdo del traspaso de subtes.

El diferendo camina hacia la Corte, pero el tránsito será más lento que el de esta semana en el centro porteño. Eugenio Zaffaroni había dado por sentado que esa disputa era un tema que al máximo Tribunal le compete, pero para que el mismo se aboque deben votar en ese sentido cuatro de sus siete miembros. Y que se sepa, sólo Zaffaroni y Carmen Argibay consideran que la Ciudad tiene rango de gobernación y como tal la Corte debe intervenir ante un conflicto interjurisdiccional. Así, el diferendo será largo y desgastante, sobre todo para el jefe porteño.

Sorprendió el gobierno nacional con nuevos anuncios de proyectos que irán al Congreso, como el del cambio en el Código Electoral y la ambiciosa reforma de los códigos Civil y Comercial. En tiempos de vacas flacas, los anuncios institucionales reemplazan a los de obras públicas. Y volvió a sorprender el Ejecutivo con su prisa: CFK anunció la eliminación del DNI libreta el lunes, el martes el proyecto entró por Diputados y el jueves mismo estaba el ministro del Interior defendiéndolo en un plenario de comisiones que emitió rápido dictamen. Los diputados estarán en condiciones de votarlo después de Semana Santa. Eficiencia legislativa K: lo pedís, lo tenés.

Florencio Randazzo volvió a los primeros planos después de un período de retiro en el que se sumergió después de las elecciones generales. Reapareció en momentos en que algunas usinas kirchneristas comenzaron a apuntarle. Tan es así que en el radio pasillo llegaron a darlo fuera del gobierno el jueves por la mañana, cuando se supo que la Presidenta daría un mensaje al mediodía. La presencia sonriente del ministro en Diputados a esa misma hora dio por tierra con esas versiones que igual siguen circulando. Sectores interesados insisten en insinuar inminentes cambios, promocionando a figuras como la ministra de Seguridad.

Cerca del ministro del Interior minimizan esas versiones, realzando el diálogo “permanente” que él mantiene con la Presidenta.

En el plano externo siguen los “ruidos” en materia comercial, con la queja de cuarenta países ante la OMC por las trabas argentinas a las exportaciones. El gobierno preveía ese documento, pero las gestiones no lograron frenarlo. Tampoco sorprendió la sanción del gobierno de Estados Unidos, que suspendió a la Argentina de su sistema de preferencias arancelarias por incumplir sentencias del Ciadi a favor de dos empresas de ese país. Se sabía desde la semana anterior que esa disposición que tiene más efecto político que comercial recaería sobre la Argentina.

La reacción presidencial fue moderada. Fuentes consultadas aseguraron que el propio Obama le había planteado el tema a Cristina durante el encuentro que mantuvieron en Cannes, y la Presidenta le habría garantizado que nuestro país atendería esa deuda. Lo que no se le habría aclarado al mandatario norteamericano es que Argentina buscaría efectivizar el pago aquí, a través de los tribunales nacionales, cosa que rechazan los demandantes. Las autoridades argentinas argumentaron que obrar en ese sentido transgrede las leyes nacionales vigentes sobre pago de sentencias.