Gil Lavedra pide que Boudou justifique la procedencia de información a la que no pudo acceder si no es a través de los servicios de inteligencia estatal.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que “las declaraciones del vicepresidente de la Nación sobre los medios y el juzgado interviniente en la investigación sobre del caso Ciccone, resultan lamentables e institucionalmente graves”.
Agregó que “lejos de dar una explicación satisfactoria acerca de las sospechas en torno a su interés en beneficiar a los compradores de Ciccone y en su vínculo con ellos, embistió contra la justicia en general, el juez en particular, una empresa competidora de Ciccone y el infaltable grupo Clarín”.
“El fiscal del caso y el juez interviniente son personas de intachable trayectoria, por lo que las groseras acusaciones de Boudou parecen estar destinadas a tratar de apartarlos del caso. El juez Rafecas goza de prestigio académico, profesional y personal, resultando absurdos los dichos tendientes a descalificarlo”, destacó Gil Lavedra.
“Es increíble que el vicepresidente de la República cite mensajes de texto cuyo contenido, en principio, no podría conocer si no es a través de un procedimiento de inteligencia prohibido por la ley. Además cuestiona ahora presuntas presiones por parte de tribunales federales habiendo omitido su obligación legal de denunciarlas”, agregó el diputado.
Gil Lavedra señaló a través de un comunicado que “Boudou no sólo no despejó la seria sospecha pública sobre un irregular comportamiento de su parte, sino que formuló manifestaciones impropias de su investidura que comprometen su responsabilidad política”, señaló Gil Lavedra.
Indicó que “hasta ahora hemos sido muy prudentes, porque los radicales respetamos la institucionalidad. Por ese mismo respeto a las instituciones exigimos al vicepresidente que acate las órdenes de la Justicia, que aclare lo que hasta ahora no ha explicado, que denuncie al Consejo de la Magistratura todo lo que sepa acerca de irregularidades en la Justicia Federal y que justifique la procedencia de información a la que no pudo acceder si no es a través de los servicios de inteligencia estatal”.
“Respecto del Banco Central creemos que debe suspender de inmediato la contratación de la exCiccone cuando aún no se sabe quienes son sus verdaderos dueños y proceder a una investigación seria acerca de la posible comisión de delito de lavado de dinero. El escándalo Ciccone sólo contribuye a dañar la credibilidad del pueblo en la decencia de sus representantes”, concluyó Gil Lavedra.
