La diputada titular del bloque Gen-FAP, Margarita Stolbizer, presentó un pedido de informes por el cual requiere que el ministro de Obras y Servicios Públicos explique cuales son las empresas encargadas de distribuir decodificadores para la recepción de la Televisión Digital Terrestre, cómo se seleccionaron y si se cumplieron las normas de compra del Estado tales como los antecedentes en el mercado para adjudicar la licitación. Como así también por qué montos fueron contratadas.

Para Stolbizer, “resulta contradictorio que habiendo una política oficial de limitación de importaciones de productos de tecnología, los decodificadores UTE 740, CORADIR 1000D o Newtronic de origen extranjero no hayan tenido inconvenientes. Si bien no existen en la producción local, a los fines de la adjudicación de más de un millón de decodificadores por valor individual de entre $200 y $350 hubiese merituado coherencia con el discurso de producción nacional, evaluando la obligatoriedad de que se fabriquen en nuestro país, lo que no han realizado habilitando exclusivamente una intermediación empresaria”.

Stolbizer entiende que esto demuestra que “la soberanía cultural no llegó a lo digital” y con ironía señaló que “cuando es libros, no; cuando es De Vido, sí”.

“Si encima, el grupo Cirigliano estaría vinculado al negocio de la distribución de los decodificadores, cuando con sus manejos en TBA no pudieron evitar la muerte de tantos compatriotas en la estación de Once, sumado a los otros negocios cruzados con el área de Ministerio de Obras y Servicios Públicos en los que están involucrados, las contradicciones serían varias”, señaló la diputada bonaerense.