Diputados de la oposición incluyeron en la presentación formulada en su momento contra Amado Boudou a las denuncias realizadas por el mismo en su exposición ante la prensa en el Senado, luego llevada el último lunes a Tribunales.
Los diputados que semanas atrás impulsaron un pedido de juicio político al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, ahora ampliaron ese pedido por las últimas novedades registradas en el caso. A través de una nota presentada al titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, los legisladores señalaron que como hechos que motivaron la ampliación que, en la conferencia de prensa del jueves pasado, “el señor vicepresidente acusó de parcialidad y eventualmente de participar en una conspiración mafiosa en su contra, al juez que tiene a su cargo la investigación del eventual accionar delictivo del propio vicepresidente”, en el “caso Ciccone”.
Los diputados que motorizan el juicio político son Patricia Bullrich (Unión por Todos); Federico Pinedo, Paula Bertol y Jorge Triacca (PRO), Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Oscar Aguad y Juan Casañas (UCR); y Ramona Pucheta (Socialista del MIJD).‹
A juicio de estos legisladores, la “acusación del investigado al investigador” parece implicar “dos conductas claramente incompatibles con el buen desempeño del cargo de vicepresidente: a) vulneración de la división de poderes propia de la forma de gobierno representativa republicana (artículos 1°, 108 y 116 de la Constitución Nacional)” y “b) coacción o amenaza al magistrado respecto del normal desempeño de sus funciones”.
Expresan los legisladores que “parecería implicar un intento de presionar para obtener una desviación de poder por parte de los funcionarios amenazados; y un evidente abuso del poder directo e indirecto que tiene el vicepresidente”.
Agregaron que Boudou “pretendió empañar el honor del señor procurador general de la Nación, doctor Esteban Righi, mediante una acusación a familiares suyos”, por lo cual se consideró que puede tratarse de un indirecto “ataque personal contra el jefe de los fiscales que deben investigar e investigan un eventual accionar delictivo del propio vicepresidente”.
“Podría también tratarse de un ataque al jefe de los fiscales” por “no haber evitado que un fiscal subordinado -el fiscal de la causa, Carlos Rivolo- cumpliera” con su deber, agregaron los legisladores.
