Los legisladores del Frente Amplio Progresista afirmaron que el vicepresidente debe someterse a la investigación judicial y que el Congreso “debe garantizar el funcionamiento independiente y eficaz” del Poder Judicial.
Los diputados y senadores del interbloque Frente Amplio Progresista formalizaron su posición ante el caso que involucra el vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.
Mediante un comunicado de prensa, los legisladores advirtieron que el Gobierno nacional “atraviesa una compleja situación, agravada por tres circunstancias”: por un lado, “el escándalo público roza la alta investidura del vicepresidente”; por otro, “el objeto de la investigación es el tráfico de influencias en relación a la fabricación de papel moneda, lo que pone en juego la seguridad pública y económica de la Nación”.
En tercer término, reconocieron que “existe un intento de avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que especialmente vulnera la independencia de su funcionamiento en la investigación de causas que involucran a los funcionarios públicos”.
“Sumado a la desatendida situación social, el déficit de los servicios públicos, la inflación, entre otros conflictos, existe hoy un grave problema de debilidad institucional. La independencia entre los poderes del estado resulta vital para la existencia de la democracia y la república, por lo que todos los ciudadanos –y en especial quienes ejercen cargos públicos representativos– tenemos el deber de respetarla y afianzarla”, manifestó el FAP al respecto.
Al respecto, el interbloque consideró que “la conducta del vicepresidente, lejos de contribuir al fortalecimiento de la democracia, y de brindar explicaciones sobre las sospechas que recaen sobre sus decisiones, perjudica a la Nación y quita credibilidad al propio Gobierno”.
En este marco, los legisladores del FAP sostuvieron que Boudou “debe someterse incondicionalmente a la investigación judicial, y todos en conjunto debemos garantizar el funcionamiento independiente y eficaz de la Justicia y de sus magistrados, rechazando cualquier intento de presión o injerencia para condicionarla”.
“Del mismo modo, es necesario que el Congreso también contribuya sin pretender distraer la atención del ámbito institucional adonde debe resolverse la cuestión”, agregaron.
Los legisladores finalizaron sus reflexiones señalando que es “necesario que el Gobierno defina un rumbo para la Argentina; que atienda y resuelva las demandas vinculadas con los derechos y la calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos; que garantice el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, a través de mecanismos y comportamientos justos y transparentes”.
La nota difundida este miércoles lleva la firma de los 22 diputados nacionales y los cuatro senadores del interbloque Frente Amplio Progresista.
