"Queremos que rompan su silencio y nos expliquen las medidas que adoptaron para verificar que estas empresas no fueron especialmente constituidas como fachada para encubrir negocios con amigos del poder", argumentó Ricardo Gil Lavedra. Entre otros, pidió citar a Sbatella, Marcó del Pont y Echegaray.
El bloque de diputados de la UCR pidió a las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y Finanzas, que evalúen la posibilidad de convocar a varios funcionarios nacionales por la causa de Ciccone Calcográfica que involucra al vicepresidente, Amado Boudou.
En concreto, el jefe de la bancada, Ricardo Gil Lavedra, pidió citar al presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella; a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a los responsables de las unidades antilavado del BCRA y la AFIP.
Además, el legislador solicitó al presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Yoma, que invite a Boudou para que brinde mayores precisiones sobre sus declaraciones acerca de la existencia de una mafia judicial.
“Todos los funcionarios que intervinieron en el levantamiento de la quiebra de la exCiccone dicen que se trató de un trámite normal y que se apuntó a salvar fuentes de trabajo y a una empresa de importancia estratégica. Pero nadie explica, sin embargo, quiénes son los responsables de las empresas que la adquirieron, de donde provienen los fondos, o cuáles han sido las medidas realizadas para constatar que tiene la capacidad económica necesaria”, argumentó el radical.
“Mientras tanto -agregó-, escuchamos que existirían innumerables irregularidades que van desde el nexo con Boudou y con personas sospechadas de lavado de dinero, hasta domicilios falsos o jubilados con el haber mínimo que figuran como apoderados.
Asimismo, sostuvo que “la AFIP no puede aceptar que alguien se haga cargo de una deuda millonaria, o consentir el levantamiento de una quiebra, sin conocer el origen de los fondos aportados o constatar que se trata de una empresa con todos los papeles en orden”.
“Si en verdad el trámite fue normal, queremos que los funcionarios responsables rompan su silencio y nos expliquen las medidas que adoptaron para verificar que estas empresas no fueron especialmente constituidas como fachada para encubrir negocios con amigos del poder”, lanzó el radical.
Concluyó que “si efectivamente existen funcionarios judiciales implicados en cualquier irregularidad queremos saberlo, a fin de adoptar las medidas pertinentes. No puede suceder que, de nuevo, existan demoras inexplicables para poner delitos en perjuicio de la administración pública en conocimiento de la justicia”.
