Así lo expresó la senadora radical en una entrevista radial, al informar que se pasó de 4.000 millones de dólares en el 2006, a 45.000 millones en este año.
A propósito de la audiencia pública organizada en la Cámara alta por las senadoras Laura Montero y María Eugenia Estenssoro para tratar la problemática por la que atraviesa el sector energético, la legisladora radical explicó que “las conclusiones son preocupantes; lo que salta a la vista de la exposición de subsecretarios de energía y de otros especialistas, es que la crisis energética es una muy importante”.
En declaraciones a una radio mendocina, Montero señaló que “ha existido una caída importante en la producción y en las reservas, tanto de gas como de petróleo, y esto no se revierte fácilmente, se necesita muchos años y mucho dinero. La necesidad de inversión es de 10 mil a 15 mil millones de dólares por año durante 5 años para recuperar reservas. Es un problema grave para la Argentina, que ha llevado al desabastecimiento y a la necesidad de importación. Perdimos el autoabastecimiento energético porque se dio una demanda sumamente estimulada por grandes subsidios, con una oferta en caída. Esto nos llevó a que actualmente seamos importadores netos y que el saldo de la balanza comercial de combustibles sea negativa. Este año vamos a necesitar cerca de 6 mil millones de dólares para importar combustibles porque no lo podemos cubrir con la producción local”.
La legisladora radical agregó además que “esto es grave, porque implica que debemos pagar combustibles muy caros y requiere que el Estado subsidie. En el presupuesto del 2006, se destinaban como subsidios al sector combustibles 4 mil millones de dólares; en tanto que en el 2012 el Estado nacional va a poner 45 mil millones de dólares. Por eso están presionando ahora con el aumento de tarifas. El impacto de la crisis energética va a golpear muy fuerte en las cuentas fiscales y muy fuerte en el desarrollo de la vida socio-económica del país. Las cadenas de producción se van a ver afectadas por la falta de combustibles, de hecho ya hay cortes en las industrias y en el bolsillo de los consumidores, que van a encontrar, luego de largas colas, el combustibles mas caro”.
Consultada sobre el impacto que esta situación tiene en la provincia de Mendoza, Laura Montero explicó que “no se revierte en el corto plazo; este espíritu cambiante que se ha tenido con YPF va a pegar fuerte y particularmente a la provincia de Mendoza, porque YPF maneja el 67% de la producción de la provincia y tiene de 37 áreas de las 40 concesionadas en la provincia. Por lo tanto, lo que se haga con respecto a YPF afecta la economía de la provincia y las cuentas fiscales de manera importante, porque esta empresa paga regalías”.
Asimismo y en relación al informe presentado por la Fundación IDEAL, donde se reseña que la provincia ha dejado de percibir en concepto de regalías 1044 millones de dólares, la Senadora radical manifestó que presentó un proyecto de ley sobre este tema y que “le pedí tanto al anterior como al actual gobernador, que hagan el reclamo correspondiente; porque de conseguir lo que nos corresponde, no necesitaríamos pedirle fondos a nadie y se podrían salvar los déficit por el presupuesto que tenemos este año. La Nación, cuando se dicta la ley de emergencia económica en el 2002, empieza a aplicar regímenes de retenciones como lo que se intentó hacer con la Resolución 125, los cuales van variando hasta llegar a ser móviles. Las retenciones no se liquidan al precio pleno, al precio internacional, sino que a la provincia le liquidan las regalías con un precio diferenciado, siendo evidentemente perjudicada. En el 2007, la Secretaría de Hidrocarburos emite una resolución donde expresa que debía reconocerse a las provincias el precio pleno y al día de hoy esto no ha sucedido. Por lo tanto hay que realizar un reclamo formal y eso son 1044 millones de dólares, más de 4 mil millones de pesos, que sanearían las cuentas provinciales”.
Finalmente y consultada sobre la postura del Congreso en torno al supuesto proyecto de pasar el 50% del paquete accionario de YPF a manos del Estado, la Legisladora explicó que “No va a haber consenso. Al parecer, ni en el propio gobierno se han puesto de acuerdo; de hecho, no hay consenso entre los gobernadores que han impulsado estas maniobras irresponsables, por las implicancias que tienen a nivel de las inversiones en términos internacionales. Hay quejas formales de 40 países de la OMC, con serio riesgo de ser sacados del G20. No se pueden tomar estas decisiones irresponsables sin esperar generar graves consecuencias”.
