Todas las dudas generadas por la exposición de Amado Boudou el Jueves Santo en el Senado, se disiparon cuando el contraataque del vicepresidente entró en su fase 2, al ser llevadas a la Justicia las denuncias hechas ante la prensa. El lunes temprano se presentaron en Tribunales sendas acusaciones contra el estudio de abogados de la familia del hasta entonces procurador general de la Nación, y el titular de la Bolsa de Comercio. Paralelamente y tal cual se había adelantado en esta columna, el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura denunció en ese organismo al juez de la causa.

Hasta entonces, sólo había versiones sobre lo que pudiera pensar en El Calafate la Presidenta respecto de lo que había dicho y hecho su compañero de fórmula. Así fue que la mayoría de los dirigentes oficialistas habían optado por la cautela. Cuando tomaron nota de que desde el sur no había venido ninguna admonición y que, por el contrario, el vice redoblaba su ofensiva, les comenzó a quedar claro de qué lado estar, aunque siguiera haciéndoles ruido la acusación más sensible lanzada por Boudou, que involucraba a Esteban Righi.

Precisamente ese fue el dato determinante. La renuncia del exministro de Cámpora, forzada por la falta de contención presidencial, y sobre todo la elección de su reemplazante, fueron puntos de inflexión en esta historia. “¿Por qué eligió Cristina justamente a un ahijado de Boudou para reemplazarlo?”, le preguntó Parlamentario a un dirigente kirchnerista que ha sabido defender “el modelo” desde las dos cámaras. El hombre contestó convencido: “Es una señal para que quede claro de qué lado está el gobierno”.

La Presidenta no está dispuesta a dejar caer a su vice, ya ha hecho su elección y el kirchnerismo en pleno ha de bancarlo en estas horas tempestuosas. Manos a la obra, por lo pronto no hubo sesiones en ambas cámaras del Congreso, para evitar que cada recinto se transformara en un escenario para que la oposición cobrara vida. Era de manual que así sucedería; la oposición venía machacando en Diputados con que utilizaría la primera media hora de sesión para reclamar la convocatoria de la Comisión de Juicio Político para el día siguiente. Y ya se sabe que al oficialismo no acepta ser llevado a terrenos inexplorados. Levantada la sesión, luego el propio FpV convocó por sí mismo a una reunión de esa comisión -la única que aún no ha sido constituida- para el martes venidero. Mis reglas, mis tiempos.

Lo mismo sucedería con el Senado. Un ámbito donde en el sitial principal estaría sentado nada menos que el protagonista de esta película, Amado Boudou. En su condición de “no senador”, el titular del Cuerpo no puede responder, sólo concede el uso de la palabra. Muchos todavía recuerdan cuando en tiempos en que Cristina Fernández era senadora y primera dama lo zarandeó de lo lindo al vicepresidente Daniel Scioli, que estoicamente se bancó todo, bien a su estilo.

Fuera de los Tribunales, donde los protagonistas de esta novela de suspenso prometen nuevas sorpresas, será en el Senado donde se librará la próxima gran batalla, cuando se deba tratar el pliego de Daniel Reposo como procurador. Por su probada cercanía al vice, el radicalismo fue el primero en levantar la bandera de la resistencia y rápidamente se sumaron el FAP y la CC. El oficialismo necesita los dos tercios de los presentes para aprobarlo y hoy por hoy no llega a ese número, que con asistencia perfecta suma 48. Depende de lo que digan los siete peronistas federales, que han votado generalmente contra el gobierno. Con cuatro que se opongan, el pliego se cae.

Habrá que esperar hasta mediados de mayo para verificar si el kirchnerismo tropieza en el Senado como en 2008, pero convengamos que la pulseada en torno al procurador general no tiene la épica de la 125, y su importancia en principio no despierta demasiado interés en el común de la gente. Podrá pensarse en votos sorpresivos y ausencias oportunas.

Una muestra de que en el fondo todos los oficialismos son similares se dio en la Ciudad, donde el PRO frustró la sesión de la Legislatura para evitar que la oposición local se ensañara públicamente con las autoridades porteñas por su actitud frente al tornado del 4 de abril. El macrismo se las arregló para que un fenómeno que no impactó en la Ciudad de manera tan grave como en zonas del Conurbano, dejara a muchos de sus funcionarios en la picota.

Sobre todo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien el día anterior a la tormenta se había ido con su familia a pasar Semana Santa en Uruguay. La dirigencia macrista la defendió, argumentando que llevaba dos años sin vacaciones, pero en off admitían que su ausencia no tenía defensa. “Yo te puedo asegurar que en el verano ella se quedó en Buenos Aires y en funciones… pero es verdad, estaba a una hora de distancia, tenía que haber vuelto”, admitió a este medio un dirigente del PRO.

Su antecesora y mentora en el cargo, la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, quedó también involucrada. Salió a defender a la ministra, admitiendo que fue quien le dijo que no regresara, pues la situación estaba “controlada”. Ese papel agitó la interna del PRO, cuyo líder también estuvo ausente, de vacaciones en San Martín de los Andes. En ese marco, el vicepresidente 1° de la Legislatura y principal espada macrista en ese Cuerpo, Cristian Ritondo, quedó desautorizado al no prosperar su pedido de declarar la emergencia por 6 meses.

Es evidente a esta altura el fastidio de ciertos “PRO peronistas”, fundamentalmente con los principales consejeros de su jefe, sobre todo con Durán Barba, de quien por lo bajo recuerdan los elogios que deslizó en la campaña hacia Amado Boudou.

Con tantos frentes abiertos, la principal pelea que emprende estos días el gobierno es con YPF. La decisión allí parece tomada: el Estado buscará tomar el control de la empresa, y tras los paños fríos puestos el jueves, cuando se presumía que se anunciaría formalmente la decisión, ahora la discusión es por plata. Se incomodó el gobierno ante la participación activa que tomó el Estado español, aunque la misma era de presumir. Las amenazas concretas pueden haber impuesto cierta cautela en las decisiones a adoptar.

La reacción del gobierno de Rajoy responde a lo que consideran un mal clima de negocios en nuestro país, al que reprochan “destrato” y “ensañamiento”. El CEO de Repsol, Antonio Brufau, vino dos veces recientemente a la Argentina; la primera vez tuvo que irse sin ser recibido por la Presidenta, y esta semana sólo consiguió ser atendido el jueves por el ministro De Vido. Una delegación de ENDESA pasó dos semanas aquí sin conseguir ser atendida por ningún funcionario. En pleno clímax de la mala relación con España, el director de Asuntos Públicos de Telefónica, Eduardo Bonal, canceló su visita a la Comisión de Defensa del Consumidor en Diputados, donde había sido invitado a dar explicaciones sobre la interrupción del servicio de Movistar el 2 de abril.

A la tirantez con España habrá que sumar una de orden interno. Algunos gobernadores de provincias petroleras, que fueron punta de lanza en esta embestida oficial contra YPF, no están nada convencidos con los planes que han trascendido respecto del futuro de esa empresa, bajo control del gobierno nacional.