Finalmente la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío de un proyecto al Parlamento para tomar el control de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Tal como versaba el borrador que circuló la semana pasada por el Palacio Legislativo, la iniciativa busca declarar de utilidad pública las reservas de hidrocarburos y expropiar el 51 por ciento del patrimonio de YPF, actualmente bajo propiedad de la española Repsol y del grupo empresario argentino Petersen, de la familia Eskenazi.

El proyecto denominado “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” contiene 19 artículos e ingresará este lunes al Senado de la Nación. El artículo primero establece que se declara a la actividad de la empresa “de interés público nacional”, y como “objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, y la explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización” de los mismos.

En su presentación, la jefa de Estado se esmeró en remarcar que “no se trata de un proyecto de estatización sino de recuperación de la soberanía” ya que se respeta la constitución original de la compañía como sociedad anónima y se emprende una “conducción profesionalizada”. “Somos el único país de América Latina que no administra sus recursos naturales”, admitió.

Del 51 por ciento de las acciones a expropiar, todas pertenecientes a la española Repsol, el 51 por ciento corresponderá al Estado Nacional mientras que el 49 por ciento restante será de las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI).

Así, la composición accionaria de YPF S.A. quedaría: 26,03% en manos del Estado Nacional; 25,46% en manos del grupo Petersen (propiedad de la familia Ezkenazi); 24,99% en manos de las provincias petroleras; 15,35% son acciones que cotizan en bolsa; 7,23% en manos de Repsol.

En la reglamentación del proyecto se determinará cuántas acciones le corresponderán a cada provincia (que serán socias, debiendo aportar el capital correspondiente), teniendo en cuenta los criterios de equidad entre las provincias, el nivel de producción y las reservas de cada una.

La presidenta sostuvo que el proyecto establece un “pacto de sindicación”, para que el Estado nacional y las provincias voten “siempre de la misma forma” en el directorio de la compañía. Cabe señalar que el artículo 10 establece que se encuentra prohibida su transferencia a menos que se cuente con la autorización del Congreso Nacional, votada por las dos terceras partes de sus miembros.

El proyecto busca “maximizar la inversión de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento en el corto, mediano y largo plazo” y crea un Concejo Federal de Hidrocarburos para promover la acción coordinada entre el Estado nacional y los Estados provinciales. Asimismo, la iniciativa establece la remoción de la totalidad de los directores de la compañía y la designación de sus reemplazantes.

En este sentido, Cristina Fernández destacó el valor federal de la iniciativa: “No hay Estado sin provincias”. Además, señaló que el gran problema comenzó con la privatización de la compañía y que trajo como consecuencia que por primera vez, desde hace 17 años, “Argentina debió importar gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dolares”. De esta manera, advirtió que de continuar con esta política, nos convertiríamos “en un país inviable por acciones empresariales y no por falta de recursos”.

El año pasado, según lo consideró, fue un año “fatídico” con respecto a la producción y exploración. Sin embargo, a pesar de que “desde 2011 las reservas de petróleo se redujeron un 50 por ciento, las ganancias de YPF no se vieron afectadas”, incluso que la compañía logró duplicar sus ventas con un saldo de 12.400 millones de dólares.

Dijo entonces que esta decisión fue producto de un “duro aprendizaje en números, en pérdidas de reservas, en disgustos, broncas, extorsiones” y que “hay algo peor que aumentarle a la nafta a la gente, que es que falte”. “Cuántas colas (para abastecerse) vimos inclusive impulsadas en algunos medios de comunicación”, comentó.

“Quiero que esto se convierta en una política de Estado. Quiero que no pertenezca a un solo gobierno. A mi me toca tomar la decisión. Solo soy un instrumento”, sostuvo la mandataria quien convocó a todas las fuerzas nacionales, incluso de dirigentes políticos. “YPF es de todos”, destacó.

Dirigiéndose especialmente al empresariado local, pidió un fuerte “compromiso” con el modelo actual que tiene como eje “la defensa irrestricta de la industria, de los consumidores y los usuarios”.

Con respecto a las críticas recibidas por parte de los españoles, recordó que su gestión jamás conllevó una actitud “autoritaria” y advirtió que no responderá “ni a amenazas ni a improperios”, porque no fue votada para eso.

“Él siempre soñó con recuperar YPF”, concluyó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en alusión al expresidente Néstor Kirchner.